Las ayudas de Estado constituyen una de las ramas con mayor trascendencia para el Derecho de la competencia y a la vez que generan mayor debate político, por su capacidad para distorsionar el mercado e incluso para discriminar a unos operadores frente a otros vulnerando los principios y libertades propias de una economía de mercado.

Si bien el régimen de ayudas de los Estados miembros está acotado por las normas del Tratado de Funcionamiento de la UE (“TFUE”), la normativa de defensa de la competencia de la Unión Europea no ofrece una respuesta adecuada, por no decir ninguna, cuando los recursos públicos o las subvenciones proceden de terceros estados a operadores que están actuando dentro la UE.

Por su parte, la regulación europea de anti-subsidios consistente en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (“Acuerdo SMC”) desarrollado en el seno de la OMC, tampoco parece cubrir la importación de servicios o flujos financieros relacionados con el establecimiento y funcionamiento de empresas en la UE.
De este modo, a día de hoy ni las autoridades de competencia ni los Estados miembros tienen herramientas adecuadas para evitar que estas posibles subvenciones extranjeras, procedentes de fuera de la UE, distorsionen el mercado, afecten a las políticas de precios de las empresas que operan en la UE o conlleven medidas de “dumping” gracias a los recursos públicos recibidos.

Para intentar dar respuesta a estas carencias y ausencia de herramientas de control eficaces sobre las subvenciones extranjeras a operadores procedentes de terceros países que operan en la UE, el pasado 5 de mayo, la Comisión lanzaba una propuesta del nuevo Reglamento para hacer frente a las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras en el mercado único otorgadas por terceros países a las empresas (la “Propuesta”).

De esta forma, la Comisión Europea se ha comprometido, como parte de la nueva estrategia industrial para Europa, a fortalecer los mecanismos y herramientas para combatir las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras. Este nuevo instrumento compete a la Comisión, sin perjuicio de la posible colaboración con las autoridades nacionales de competencia a través de la red de autoridades nacionales de competencia (red “ECN”).

El control de subvenciones extranjeras a operadores de terceros países en la UE y la Propuesta de la Comisión Europea