La reforma administrativa que nadie quiere hacer

16/07/2021

Hernando F. Calleja.

El cambio de Gobierno de hace unos días ha traído consigo, entre otras cosas, un cambio en la responsabilidad sobre las administraciones públicas, que vuelven a incrustarse en el Ministerio de Hacienda. Razones para hacerlo no faltan. Tenemos un Gabinete numeroso, que sufrió injustificables desdobles por razón de la coalición gubernamental y un traslado competencial más sería irrelevante si no fuera porque…

En el primer trimestre de este año, el número de asalariados públicos, funcionarios a no, ascendía a 3.397.400, que viene a ser el 17,6 por ciento de la ocupación. Por hacer un poco de historia, en 1990, los asalariados públicos eran 2.207.800 y a lo largo de 2017 se superaron los 3 millones. El coste en términos Contabilidad Nacional de estos empleados públicos asciende a 134.163 millones de euros. Se podrá opinar si son muchos o pocos y si son caros o baratos sus servicios a la sociedad, pero eso es lo que hay.

Los cambios introducidos por el desarrollo constitucional, ha provocado un enorme desplazamiento de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas y en menor medida, las administraciones locales. Hoy las CC.AA disponen de casi 2 millones de empleados públicos y las administraciones locales de 664.500. La Administración Central es el tercer empleador, con más de medio millón de efectivos.

Ese desplazamiento del empleo público, sin embargo no ha supuesto una reforma administrativa seria, basada en principios de responsabilidad, eficacia y coste. Los comportamientos administrativos, pese a algunas leyes, como la de Transparencia, siguen siendo muy parecidos, fundamentalmente, porque también los procedimientos administrativos carecen de esas condiciones de responsabilidad, eficacia y coste.

La administración española afronta un periodo crítico. La interinidad ha crecido hasta cifras inmanejables ( se cifra en 800.000 el número de asalariados interinos, en una verdadera selva de situaciones laborales diferentes). Bruselas ha advertido en varias ocasiones sobre la temporalidad en las administraciones españolas. El decreto-ley de hace unas semanas, cuyo contenido pacto el Gobierno con los sindicatos trata de reducir esa temporalidad, situada en el 30 por ciento, al 8 por ciento, mediante oposiciones para 300.000 empleados públicos, con determinadas condiciones.

Como tal decreto-ley, pasará por el Congreso y, aunque acabara tramitándose como proyecto de ley, no dejaría de ser una cataplasma para resolver anomalías, pero en ningún caso cambia la administración española, que es lo que en el fondo el país necesita.

¿Cuántos efectivos humanos necesitan las administraciones públicas para ser eficientes, responsables, trabajar con transparencia para los administrados y acortar toda clase de trámites? ¿Qué reserva la gran digitalización del programa europeo para la administración española? ¿Cuántos miles de papeleos son hoy innecesarios, retardatarios e incontrolables?

A preguntas como éstas es a lo que el decreto-ley no da ninguna respuesta.

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