Los títulos de Ence Energía y Celulosa se desploman más del 14% en Bolsa, tras caer el 9,09% el 16 de julio por el fallo de la Audiencia Nacional sobre la prórroga de la concesión de su biofábrica de Pontevedra. La empresa cotiza a 2,502€ por acción, niveles no vistos desde noviembre de 2020.

Ence se convirtió en el valor más castigado del mercado el 16 de julio después de conocerse la sentencia de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional estimando los recursos que Greenpeace y el Ayuntamiento de Pontevedra presentaron contra la prórroga, por el Gobierno de Mariano Rajoy, por un periodo de 60 años a la concesión de Ence en Lourizán.

Ence Energía y Celulosa anunció su decisión de recurrir el fallo de la Audiencia Nacional ante el Tribunal Supremo, en defensa de la legalidad de la prórroga de la concesión de su biofábrica de Pontevedra. Y agotará todas las vías jurídicas posibles en defensa de sus intereses y reitera la validez de la prórroga de esta concesión, «de la que dependen más de 5.100 familias en Galicia de forma directa e indirecta».

Los analistas de Banco Sabadell consideran la noticia «muy negativa» para Ence ya que, a pesar de no ser una sentencia definitiva, se trata de una sentencia contraria «que además aleja el escenario intermedio de una nueva prórroga hasta 2033». ContemplaN como escenarios posibles el cierre de la planta una vez la sentencia sea firme -con independencia de los posibles acuerdos que se pudieran alcanzar para una nueva ubicación de la misma- y una sentencia definitiva favorable para el grupo que «implicaría la confirmación de la actual prórroga hasta 2073».

La incertidumbre sobre el resultado final del proceso judicial es «muy elevada», dando tras el fallo de la pasada semana una mayor probabilidad a una sentencia contraria, por lo que los analistas del Sabadell creen que tiene más sentido posicionarse «en un escenario de cierre de la planta en un corto periodo de tiempo (entre 1 y 3 años)».

En un escenario de cierre de la planta, Ence presentaría la oportuna reclamación solicitando una indemnización al menos por los 130 millones que lleva invertidos desde que se le concedió la prórroga actual.