La Comisión Europea ha instado de nuevoa España a superar la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En su segunda evaluación anual sobre el Estado de Derecho en todos los países de la UE, ve los mismos «retos» en el caso de España que citó en el primer examen, realizado en septiembre de 2020 y que apuntaba a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la preocupación por la independencia del Ministerio Fiscal como principales conclusiones.
La urgencia por la renovación del CGPJ sigue preocupando en Bruselas porque hace más de dos años que se encuentra en situación de interinidad. Lo mismo sucede en «la renovación de varios cargos en órganos constitucionales».
El informe celebra como «un hecho positivo» que finalmente se retirara la propuesta del PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección de los vocales porque hubiera «aumentado la percepción del CGPJ como vulnerable a la politización».
La Comisión Europea reclama una reforma que permita que sean los propios jueces quienes designen a los vocales de su órgano de gobierno, y hace suyas las recomendaciones en esta materia del Consejo de Europa.
«Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todos los actores sean consultados», recalcan en Bruselas.
Otros asuntos del sistema judicial español que la Comisión Europea observa con preocupación son la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, el régimen de aforamientos de altos cargos ante el Tribunal Supremo, y el «régimen de incompatibilidades entre jueces y fiscales».
El informe reconoce que se han adoptado o están previstas «varias medidas para mejorar la calidad de la justicia», por ejemplo «la revisión del sistema de asistencia jurídica y del Código de Procedimiento Penal y otros tres proyectos de ley sobre eficiencia procesal, organizativa y digital», que se está avanzando el proceso de digitalización de la justicia y ha habido «esfuerzos» para corregir los retrasos, incluida la creación de nuevos tribunales. Pero alerta de que el bajo número de jueces por habitante sigue siendo una debilidad del sistema.
«España sigue mejorando el marco institucional y legal» para evitar la corrupción y combatirla, aunque el informe advierte que falta una estrategia anticorrupción para dar un enfoque integral a esa lucha. Además, la falta de recursos suficientes afecta a la velocidad de las investigaciones y al enjuiciamiento de los casos de corrupción.
Preocupaciones sobre la independencia de los medios de comunicación
En el capítulo de libertad de prensa y pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión Europea admite que el Gobierno español está tomando medidas para abordar las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, pero también que sigue habiendo cuestiones que resolver sobre la transparencia de la propiedad de los medios.
Y expresa «preocupaciones» con respecto a la independencia y a los recursos del regulador audiovisual.
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