La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) aplaude que el Ministerio de Consumo asuma la capacidad sancionadora, ya que gran parte de esas competencias están transferidas a las comunidades autónomas.

En Asufin ponen de ejemplo la denuncia, presentada en marzo, contra las compañías financieras y aseguradoras que, de forma ilegal, cobran al cliente por la atención telefónica (902): se tuvo que remitir no sólo al Ministerio de Consumo sino también a los departamentos competentes de todas y cada una de las 17 comunidades autónomas. «Esta situación supone que cada Comunidad Autónoma tome una decisión diferente, algunas ponen en marcha una investigación, otras se inhiben a favor del Ministerio y otras no hacen nada. Todo ello en perjuicio de los consumidores que ven como sus derechos se vulneran sin que haya una respuesta unificada», argumentan.

«Celebramos especialmente el carácter transfronterizo de los cambios normativos que pretende poner en marcha el Ministerio porque ayudará al despliegue de acciones colectivas a nivel europeo, algo largamente demandado por nuestra asociación, en línea con nuestros homólogos en el resto de países de la UE, integrados en el BEUC», destacan en Asufin.

Pero piden una «reflexión sobre los medios que se precisan para cumplir el ambicioso objetivo que se ha marcado el departamento». «Perseguir prácticas desleales en materia de competencia exige una dotación de personal especializado que instruya estos expedientes y que, no parece que el Ministerio de Consumo cuente con ella. Máxime si tenemos en cuenta que gran parte de las compañías que en estos momentos exigen una vigilancia especial son las llamadas Big Tech que no tienen, siquiera, sede en nuestro país», advierten.

Asufin «tuvo oportunidad de comprobar lo frustrante que resulta que una denuncia fundamentada, como la abordada contra la red social TikTok, en febrero, haya sido remitida finalmente al supervisor de competencia de Irlanda porque es allí donde la empresa tiene su sede, dejando desamparados a los consumidores españoles».

En el ámbito del comercio online, consideramos urgente acometer una iniciativa legislativa que ponga coto al uso inapropiado de los motores de búsqueda y algoritmos que dispongan del dato del consumidor sin que éste sea consciente o lo apruebe, provocando en muchos casos abusos en la unidad de mercado.