Albia, filial del grupo asegurador Santalucía, recurrirá la propuesta de sanción de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) al considerar que los servicios funerarios tienen un ámbito de prestación más allá de los límites de un municipio.
Competencia le ha impuesto una multa de 300.000€ por incumplir la obligación de notificar la compra de la funeraria Tanatorios Móstoles antes de llevarla a cabo en 2019.
Albia presentará recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional, ya que considera que es una cuestión que se ciñe, exclusivamente, a una interpretación jurídica respecto a un trámite procedimental como es el no haberse realizado la notificación previa o voluntaria de la operación al entender que no era preceptiva la misma, a pesar de lo cual, la empresa informó de la misma en el marco de otra operación que estaba conociendo la CNMC.
La compra de Tanatorios Móstoles fue aprobada por la CNMC sin compromisos, con fecha 20 de abril, pues no supone ningún riesgo para la competencia efectiva en el mercado.
«Además, la CNMC tuvo conocimiento de esa operación porque Albia facilitó datos de la misma, aun entendiendo que no era preceptiva su notificación. Y es, tras ese acto por parte de Albia, voluntario y transparente, cuando surge la presente cuestión jurídica», argumenta la empresa.
Albia entiende que esta diferencia de posiciones deberá ser objeto de valoración por instancias superiores para clarificar los criterios contenidos en esta resolución y analizar, si realmente se ajustan tanto a la realidad del mercado como a las propias costumbres actuales de los consumidores.
Albia ha asegurado ser «una compañía que respeta absolutamente todos los procedimientos legales y es transparente en sus actuaciones». «En ningún momento tuvo ánimo de ocultar esta operación. Por el contrario, su actitud es siempre colaborativa ante cualquier solicitud y requerimiento informativo por parte de la CNMC», remarca.
Para la filial de Santalucía, los servicios funerarios que ofrece un tanatorio tienen un ámbito de influencia que va más allá del municipal o local, pudiendo ser requeridos por los consumidores libremente para prestar servicios a nivel regional, provincial o incluso nacional, como ocurre en la realidad en numerosas ocasiones.
El 35% de las salas de velatorio ofrecidas por Tanatorio de Móstoles corresponde a fallecidos fuera del municipio de Móstoles, cuyos familiares deciden que los servicios se presten en sus instalaciones.
Infracción grave
La CNMC replica que incumplir la obligación de notificar la compra de la funeraria Tanatorios Móstoles antes de llevarla a cabo se trata de una infracción grave del artículo 62.3.d) de la Ley de Defensa de la Competencia
En abril, la CNMC abrió un expediente sancionador contra Albia por no haber notificado la operación ejecutada en octubre de 2019.
Esta práctica, conocida en el argot de competencia como ‘gun jumping’, supone un incumplimiento de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC), ya que las empresas tienen la obligación de notificar sus operaciones de compra a la CNMC antes de ejecutarlas cuando la cuota de mercado individual o conjunta de las empresas que participan en la operación sea igual o superior al 50% en cualquiera de los mercados relevantes afectados por la operación.
En este caso, los umbrales se cumplían, al menos, en el mercado minorista de servicios de tanatorio en Móstoles, de acuerdo con las definiciones de mercado vigentes en los precedentes del sector funerario cuando se ejecutó la operación.
Según explica la CNMC, el control de las adquisiciones se realiza antes de su ejecución para evitar situaciones anticompetitivas que podrían afectar al interés general y, en tal caso, valorar la posibilidad de condicionar la operación a la previa asunción de compromisos asumidos por la parte o de condiciones fijadas por el organismo de competencia.
El 13 de enero de 2021, la CNMC requirió de oficio a Albia la notificación de la compra de Tanatorios Móstoles. Después de analizar la operación, el 20 de abril, la CNMC autorizó en primera fase sin compromisos, esa adquisición, objeto ahora de sanción.
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