Decía, y decía bien, Alfonso Guerra en alusión al general Franco que él no boxeaba con fantasmas.  Una filosofía de vida y una forma de entender la política que ni entienden ni comparten Pedro Sánchez y su equipo de gobierno que, siguiendo las prácticas de distracción que utilizaba el Dictador con las fugas del Lute, resucitan una y otra vez a un Franco al que necesitan y utilizan como estandarte propagandístico.

Y lo hacen ahora con una Ley de Memoria Democrática con la que intentan tapar su incapacidad para gestionar y resolver los problemas reales del país y las preocupaciones de los españoles que van desde el repunte de la crisis sanitaria con una quinta ola del Covid -el Gobierno francés ha puesto a España como ejemplo de lo que no hay que hacer-  hasta la desmesurada subida del precio de la electricidad, pasando por el desempleo que no cesa, la inflación imparable, la desafección por el indulto a los golpistas o sus enfrentamientos con el poder judicial al que intentan someter y controlar vulnerando los principios más elementales de la democracia, la división de poderes y el Estado de Derecho.

Un tic autoritario y dictatorial, que se acentúa hasta el extremo en los socios podemitas de la coalición, que ha obligado a la Comisión Europea ha dar un severo toque de atención, el segundo en menos de un año, para denunciar el acoso del gobierno a la Justicia, instar a modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo del Poder Justicia para que sean los jueces quienes elijan a sus representantes y no sea un intercambio de cromos entre los partidos políticos y un reflejo de la mayoría gubernamental, lo que crea muy serias y fundadas sospeches de que un organismo en teoría independiente, sea excesivamente “vulnerable a la politización”.

Tal es la alarma que el hostigamiento del sanchismo ha provocado en la Comisión y en los principales socios de la UE que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, no ha dudado en comparar a España con Hungría y con Polonia, países cuyas derivas autoritarias los han llevado a estar en el punto de mira de las sanciones de la Unión con peticiones, incluso, de expulsión.

Y la gravedad del asunto supera también el ámbito meramente político y de ataque a las instituciones democráticas, con ser este ya transcendental para el mantenimiento de las libertades, para alcanzar también el ámbito de la economía. Recordar que Bruselas condiciona la entrega de los dineros del Fondo de Reconstrucción al cumplimiento del Estado de Derecho y que cualquier país miembro puede paralizar de emergencia el envío del dinero si no se cumplen las reformas y las inversiones comprometidas o si ven laxas las garantías democráticas.

Esto es lo que nos estamos jugando, dentro y fuera, y este es ahora el paladín que ha salido ahora en defensa de los jueces y de las instituciones españolas. Un púgil real, preparado y con razones contundentes, muy distinto a ese fantasma con el que el Gobierno acostumbra a boxear.