Primero fue Ángel Ron, presidente del Popular, quien alzó la voz contra las posibles nuevas exigencias de capital ante  la posibilidad de aplicar una quita teórica a la deuda soberana de los países europeos. Luego fue José García Cantera, consejero delegado de Banesto, quien habló en el mismo sentido. Y ahora ha sido Emilio Botín, presidente del Santander, quien en una reunión internacional de banca, señaló las mismas cuestiones que los dos anteriores. Otras entidades, con otros representantes, se han sumado al grupo de cabeza. Curiosamente ni las cajas convertidas en bancos ni sus representantes han salido al paso de un problema que les afectaría de forma más acusada.

No habían hablado previamente entre si para acordar una respuesta, pero si lo hicieron después de que el primero hablara. Y la razón de ello hay que buscarla, según ellos, en que en los últimos tiempos se han visto indefensos ante los problemas que vienen de fuera. El Gobierno español está en funciones y su peso dentro de la Unión Europea es muy pequeño en la actualidad, afirman fuentes del sector financiero. El Banco de España, en contraposición a lo que hizo la CNMV en su momento, no quiso mandar a nadie de alto nivel al supervisor europeo de banca y eso se deja notar desde el principio, señalan estas mismas personas.

Incluso hay quien echa en falta un papel más decidido, al menos en declaraciones públicas, a la propia patronal bancaria, AEB, que si tiene buenas relaciones con sus homólogos europeos y que ha dedicado bastantes esfuerzos a mantener una presencia activa en los foros internacionales. La gran concentración en el sector bancario existente en España diluye bastante el grado de representatividad de la patronal del sector, en opinión de algunos de sus asociados.

En estas condiciones parecería que lo único que les cabía hacer a los bancos era salir en tromba para presionar y conseguir que las autoridades políticas y económicas se pusieran a defender los intereses del sector que, al menos en parte, coinciden con los nacionales. Porque resulta evidente que si se acepta que existe un cierto riesgo de que España llegue a no poder pagar al menos una parte de su deuda los problemas no solo van a existir para las entidades financieras, que se verán obligadas a recapitalizarse en una parte para hacer frente a esas potenciales pérdidas esperadas, sino que repercutirá negativamente sobre los tipos de interés de la deuda española, subiendo la prima de riesgo de nuevo, y reduciendo por tanto la capacidad de crédito para el conjunto de la economía y para la iniciativa privada.

El problema, dicho de forma distinta a como lo planteó Emilio Botín, es que ni Alemania ni Francia quieren aparecer como que sus bancos pasan por momentos complicados por la evidente imposibilidad de que Grecia haga frente al pago de su deuda y eso ha provocado que decidan que hay que generalizar la situación para todos. La situación podría parecerse a la que se vivió con América Latina en los años ochenta, que hizo que el Banco de España impusiera una provisión sobre el ’riesgo país’ a los bancos ante la incapacidad de algunas naciones de hacer frente a sus deudas pero la realidad actual es que solamente Grecia, que es el 2,5% del PIB europeo, se ha mostrado incapaz de hacerlo. Extender la duda a terceros países no es especialmente acertado.

La idea de la gravedad de lo que se está cociendo la da el hecho de que se ha filtrado que el presidente Zapatero y el líder de la oposición, Rajoy, mantuvieron ayer una conversación sobre la cuestión y que ambos estuvieron de acuerdo en que no se debe llegar al punto de exigir que en las pruebas de resistencia y de cálculo de las necesidades de capital se incluya una penalización a la deuda española además de que es preciso que se reconozcan algunos recursos con los que cuentan las entidades como capital base y no permanezcan fuera de él como hasta ahora.