La morosidad de las grandes empresas sigue lastrando la actividad económica del empresariado de menor tamaño. Para combatir esta grave situación, de la que alerta la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), el Gobierno prepara la normativa conocida como “crea y crece”, un anteproyecto de ley donde se contempla una medida para luchar contra la morosidad empresarial en el pago a proveedores, un problema que afecta a muchas empresas, pero especialmente a las más pequeñas, que se ven obligadas a financiar sus operaciones hasta que sus clientes les paguen.

La norma en preparación, con la que el Ejecutivo se propone fomentar la creación de nuevas empresas —permitirá crear empresas de forma telemática y por sólo un euro— e impulsar el desarrollo de las ya constituidas, busca reducir el periodo de impagos entre compañías, que no debería superar los sesenta días y que afecta esencialmente a las pymes, damnificadas además por los problemas que está habiendo por las ayudas directas. Para incentivar el cumplimento de los plazos de pago y evitar la morosidad, el Ministerio de Economía obligará al uso de la factura electrónica y limitará el acceso a subvenciones de las empresas morosas con sus proveedores.

Según el Informe sobre Morosidad en España 2020, publicado por la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), “los más perjudicados por la demora en los pagos por parte de las grandes empresas son los autónomos y autónomas, así como las micropymes”. Algo que pone en evidencia estos días la Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE), organización que forma parte de la PMcM

UATAE califica de alarmantes los datos del informe. En el caso de los pagos del sector privado, la Unión de Autónomos destaca que el plazo medio se ubica en 77 días, cifra que se aleja de los 60 días marcados por la Ley 15/2010, de 5 de julio, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Igualmente, UATAE denuncia que las Administraciones Públicas (AAPP) sigan la estela del sector privado, pues su plazo medio se sitúa también en los 77 días, empeoramiento que supone un alejamiento aún mayor de los 30 días que establece la ley para las AAPP.

Imagen: Micheile (obtenida en unsplash.com y modificada).

En definitiva, los datos de 2020 empeoran con respecto a 2019, lo que para María José Landaburu, secretaria general de UATAE, supone un “duro golpe” para la actividad diaria de los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia. Por eso, ella insiste en “la necesidad de lograr el compromiso y cumplimiento de la ley por parte del sector privado y público, para que estos impagos no lastren al empleo autónomo”. Y agrega: “No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras la percepción del 48% de los encuestados siga siendo que para 2021 los plazos medios empeorarán”.

UATAE está poniendo en marcha diversas acciones para exigir a las AAPP “el fiel compromiso de cumplir con la ley y de fijar nuevos mecanismos que ayuden a fiscalizar y regular la situación de los atrasos en los pagos que generan las grandes empresas”. UATAE suma a esta situación de morosidad el contenido de su demanda referida a las ayudas directas y que, como destaca Landaburu, “no se pueden articular como un balón de oxígeno para autónomos y autónomas, si al mismo tiempo se sigue premiando y dando acceso a las empresas que se encuentran endeudadas”.

Por eso, Landaburu incide en “lograr el cumplimiento de los plazos a través de un régimen sancionador que sea eficaz y que permita agilizar estas demoras en las deudas adquiridas. No se puede seguir transmitiendo la imagen de impunidad hacia un sector que cuenta con un gran capital y que termina estrangulando a los más pequeños a costa de seguir aumentando sus propios beneficios”. Y concluye: “No se puede sostener esta situación donde  autónomos y autónomas son los que continúan cargando con el peso de las deudas que generan las grandes empresas, que siguen obteniendo grandes beneficios a costa del empleo autónomo”.

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