La muerte de Eleazar Blandón, un temporero nicaragüense abandonado el año pasado frente a un hospital en Murcia tras sufrir un golpe de calor mientras trabajaba en la recolección de sandías, ha servido este año como recordatorio de los peligros de trabajar bajo el sol.

La Inspección de Trabajo, en colaboración con las comunidades autónomas, ha lanzado una campaña, que incluye el envío de cartas a 135.000 empresas donde trabajan casi un millón de trabajadores, para recordar a las empresas su obligación de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores.

Los sectores más afectados por los accidentes laborales motivados por el calor son la construcción y la agricultura, según han recordado hoy en la presentación de la campaña la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el responsable de la Inspección de Trabajo, Héctor Illueca.

En 2019 se registraron más de un centenar de casos de insolaciones o golpes de calor en el trabajo, según los últimos datos disponibles facilitados hoy por la Inspección.

Las empresas están obligadas a adaptar la organización de trabajo a las circunstancias propias del verano, especialmente en los sectores donde se trabaja al aire libre, con notable esfuerzo físico, como los citados sectores de la agricultura y construcción.

Así, las empresas deberán proveer a los trabajadores de ropa de trabajo y crema que protejan contra el sol, así como de líquidos abundantes que garanticen la hidratación. También se deberán hacer pausas en el trabajo y evitar faenar a las las horas donde se alcanzan las mayores temperaturas.

En caso de incumplimiento, las empresas se arriesgan a multas derivadas de faltas graves o muy graves, cuyos importes oscilan desde cerca de 2.000 euros hasta más de 800.000 euros, según el grado de gravedad de la falta.

El Gobierno rechaza prohibir la sucontratación

Díaz se ha referido además a otros asuntos de actualidad, como las conversaciones con los empresarios y sindicatos para derogar la reforma laboral del PP, y la subida del salario mínimo.

Sobre el salario mínimo, Díaz ha admitido que el Gobierno continúa dividido ante la posibilidad de elevar este año el SMI. Según la cabeza visible de Unidas Podemos en el Ejecutivo de coalición, su grupo se encuentra “esperando a que se resuelva la ecuación por la otra parte del Gobierno” sobre una posible subida del salario mínimo interprofesional (SMI) este año.

Además la titular de Trabajo ha mostrado su “sorpresa” por las declaraciones del presidente de la patronal de la pequeña y mediana empresa Cepyme, Gerardo Cuerva, quien, en una entrevista en el diario Expansión, ha afirmado que el Ejecutivo se plantea prohibir la sucontratación en su proyecto de reforma laboral.

“El Gobierno no a va prohibir la subcontratación”, ha recalcado la ministra, quien ha asegurado que los cambios en la normativa laboral persiguen “garantizar la estabilidad en el empleo”; algo que constituye la “recomendación por excelencia” de la Comisión Europea a España.