Si hubiera que definir en un solo titular el proyecto de techo de gasto presupuestario del Gobierno para 2022 no habría duda en afirmar que se trata de una orgía de gasto para dar la vuelta a las encuestas. Una oferta económica populista de 196.142 millones de euros acompañada de una oferta histórica de empleo público, el compromiso condicionado de subir el salario mínimos interprofesional y de un cuadro macroeconómico que basa la recuperación únicamente en el consumo y el gasto de las familias, sin alusión alguna a la necesaria corrección de los desequilibrios, a las obligadas reformas estructurales y a la competitividad. Aspectos estos que, a imitación de lo que hiciera en la anterior crisis su mentor Rodríguez Zapatero, Sánchez deja al siguiente gobierno para que arregle los desaguisados.

Tanto las propuestas contenidas en el documento como las explicaciones de las ministras Calviño y Montero, responsables de la Economía y la Hacienda, respectivamente, apuntan a que el Gobierno apuesta por un patrón de crecimiento consumista en un contexto de inflación y de eliminación del ahorro como refleja el hecho de que 6,7 puntos porcentuales de ese 7,0 por ciento en que el Gobierno estima crecerá el PIB en 2022, prácticamente el 96 por ciento, corresponden a la contribución de la demanda nacional, es decir la inversión y el consumo público y privado, mientras que la contribución del sector exterior se reduce a apenas 3 décimas.

Cierto es que este modelo ha sido la apuesta generalizada de la mayoría de los gobiernos, de cualquier signo o condición, para superar las crisis, y es verdad también que el Banco de España reconoce que en España existe una demanda de consumo privado latente derivada de las restricciones de movilidad durante la pandemia. Pero también lo es que el reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) en sus favorables previsiones sobre la economía española, advierte que la recuperación está condicionada a la evolución de la pandemia, y los datos actuales de incidencia junto con los avisos de las autoridades sanitarias actuales invitan más a la prudencia que a la euforia. Todo esto en un país con un déficit público del 10,97 por ciento del PIB, una deuda que supera el 125 por ciento de nuestro producto interior y con un desempleo real que supera los cinco millones de parados.

Y esto sumamos que nos movemos en una inflación media del 2,5 por ciento, con unos precios de la electricidad y de los carburantes desbordados, lo que provoca una espiral inflacionista, que los salarios se mueven entre el estancamiento y unas subidas inferiores en torno a un punto al aumento de los precios, y una política fiscal esquilmatoria y con anuncios de nuevos y mayores impuestos. Todo un conjunto de elementos que amenazan con desencadenar la tormenta perfecta para hacer naufragar el barco presupuestario del Gobierno.

Apuntar, además, que del total del gasto anunciado 26.355 millones de euros, corresponden a los fondos europeos cuya llegada está condicionada a la aplicación de las reformas y las inversiones comprometidas y que estarán bajo vigilancia permanente del resto de los estados miembros de la UE que ya han avisado cerrarán el grifo al menor incumplimiento. Condiciones y reformas que son contradictorias con la subida del SMI o con la derogación de la reforma laboral. Demasiadas nubes en el horizonte para hacer creíbles unas cuentas que apuntan más a la quimera que al realismo.