La negociación sobre la reforma laboral continúa atascada. El Gobierno, los empresarios y los sindicatos interrumpieron hoy sus conversaciones al respecto hasta el mes de septiembre. Mientras el Gobierno trata de frenar el descontento empresarial por una posible subida del salario mínimo tras el verano. Un deseo que se da de bruces con la imperiosa necesidad de aprobar una nueva normativa laboral, que ataje la temporalidad y ayude a liberar los fondos anticovid europeos.

Los negociadores del Gobierno, de las patronales CEOE y Cepyme y de los sindicatos UGT y CCOO se emplazaron hoy a septiembre. La última reunión del diálogo social dedicada a lograr cambios de calado en la normativa laboral concluyó hoy sin avances.

Según advirtió UGT, los únicos avances este miércoles tuvieron lugar en cuestiones menores, como cuestiones técnicas relativas a los contratos formativos y los nuevos ERTE, llamados a sustituir a los actuales expedientes de regulación temporal de empleo una vez finalice la pandemia.

Los empresarios continúan inamovibles en relación al grueso de los cambios que les propone el Gobierno. Los patronos se niegan a reducir el número de modalidades de contrato que hay en la actualidad. Pero, sobre todo, a dar carpetazo a un modelo de contratación basado en la contratación temporal.

Por su parte, UGT conminó hoy al Gobierno a avanzar en el desguace del actual modelo de contratación basada en el abuso de la temporalidad. E impedir que la patronal actúe como un “tapón” que impida lo prometido a Bruselas y a los agentes sociales, afirmaron desde el sindicato que dirige Pepe Álvarez.

Sin embargo, los patronos afirman que es imposible gestionar un mercado de trabajo como el español, con una fuerte dependencia de las actividades de temporada en sectores como el turismo y la agricultura. Y ponen grandes reparos en que el contrato fijo discontinuo pueda sustituir al contrato por obra y servicio, como desea el Gobierno.

Calviño ve “difícil” el acuerdo

Consciente del revuelo causado ayer por sus palabras, la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, trató hoy de calmar a los patronos, y advirtió que la posible subida del salario mínimo interprofesional (SMI) solo se llevará a cabo a partir de septiembre, y únicamente en caso de que continúen soplando vientos favorables para el empleo.

Calviño llamó a los empresarios a aprovechar la “oportunidad” que abren los fondos europeos frente a la Covid, y aunque ve “difícil” el acuerdo, confió en que los agentes sociales sean capaces de alcanzar un pacto para reformar el mercado de trabajo antes de fin de año.

“Confío en que lleguemos a un buen acuerdo equilibrado cuando volvamos a empezara hablar en septiembre”, advirtió Calviño en una entrevista para La Sexta, después de conocer la falta de resultados de la última reunión del diálogo social llamada a reformar el mercado de trabajo.

El Gobierno se ha comprometido en Bruselas a aprobar antes de final de año una reforma laboral que simplifique el actual número de contratos, ponga coto a la elevada temporalidad, ordene la negociación de convenios colectivos, fije un nuevo mecanismo de ERTE, y mejore la regulación de las subcontratas.

Un programa que desde los empresarios no han dudado en tachar de “marxista”.

Por su parte, la creadora de la reforma laboral de 2012, Fátima Báñez, exministra de Trabajo con el Gobierno de Mariano Rajoy, y actual presidenta de la Fundación CEOE, salió hoy en defensa de su creación, al advertir que estos cambios normativos fueron un elemento “capital” en la gestión de la crisis actual a través de los ERTE.

En un encuentro informativo, Báñez recordó que los ERTE existen “desde antes de la democracia”, y reivindicó la agilización de los mismos introducida bajo su mandato en 2012.

Báñez recuerda el incendio en Campofrío

“Cambiamos el control ‘antes’ por el ‘pos’”, recalcó, defendiendo la gestión más flexible de estos expedientes a partir de esas modificaciones normativas.

“En 2014, con ocasión de una tragedia como ocurrió en Campofrío”, dijo, en referencia al incendio que arrasó la planta de la cárnica aquel año, “se diseñaron lo que eran los ERTE de fuerza mayor”, con el 100% de las cuotas a la Seguridad Social bonificadas “durante un año, prorrogable a dos con reposición de las prestaciones” a los trabajadores, afirmó, respecto al incendio que motivó la presentación de un ERTE en la planta burgalesa de Campofrío, que llegó a afectar a 774 trabajadores; y cuya reincorporación no se completó hasta noviembre de 2017, tres años después.

Según Báñez, la reforma laboral de 2012 ha sido una medida que “ha dado respuesta claramente a dos crisis muy importantes”, recalcó.