Desde 2012, sucesivos gobiernos vienen presentándonos el llamado techo de gasto como una especie de carrera en la que cada año hay que fardar un poco de superar el año anterior. El palmerío actual repite miméticamente “el techo de gasto más alto de la historia”, con un aire triunfal, como si se tratara de la altura del salón-comedor del piso que se acaban de comprar. Todo lo contrario de lo que es y supone dicha limitación de los gastos no financieros del Estado y sus organismos englobados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Fue la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) la que introdujo esa práctica por exigencia expresa de la Unión Europea, como garantía de que España actuaría con la prudencia que impuso Bruselas, para evitar una intervención por las bravas como en Grecia. Nace pues, el techo de gasto, de la desconfianza de las instituciones europeas en nuestros políticos. Hacer alarde de que se eleva por encima del anterior, tiene una lectura inmediata en términos de confianza externa.

El techo de gasto, por otro lado, tiene una enorme claraboya, por la que, sin ir más lejos, se coló un 53 por ciento más de gasto el año pasado, con lo que la limitación saltó hecha añicos. (Por supuesto que la pandemia exigió y justificó esa ampliación, nadie lo duda, pero sí explica la laxitud contable de la que disponen los gobiernos por mor de la covid 19).

¿Cuál es el truco del techo de gasto para este año? El truco está en el déficit y en la subsiguiente deuda. La vicepresidenta Calviño ha afirmado que este año la economía, en términos de PIB, crecerá este año el 6,5 por ciento y el próximo el 7 por ciento, el déficit será del 8 por ciento en 2021 y del 5 por ciento en 2022. ¡Caramba, vaya ajuste!

Menos lobos. El déficit en euros contantes y sonantes puede ser incluso bastante superior al previsto, aunque lo oculte el efecto óptico de un crecimiento considerable del PIB y no una reducción de los gastos o una mejora significativa de la recaudación fiscal. O lo que es lo mismo, no se va a producir una mejora de la administración de los recursos, sino un empeoramiento. Eso, independientemente de que los PGE salgan dopados con más de 26.000 millones de euros de fondos europeos que no entran como deuda.

Lo que va por delante es bastante para poder afirmar que el Gobierno no es una víctima de la situación. Bruselas ha dejado de controlar el equilibrio presupuestario y, además, riega abundantemente los surcos. El escenario presupuestario es el que desearía para sí cualquier administrador. Libre de controles y recursos abundantes. ¿Quién da más?