En el año 2016, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia desarticuló el llamado “cártel de las mudanzas internacionales”. Durante más de 15 años, varias empresas especializadas en este tipo de traslados se pusieron de acuerdo para fijar precios, repartirse el mercado e intercambiar información comercial sensible al ofertar sus servicios de mudanzas internacionales para funcionarios de diversos ministerios y organismos públicos.

Competencia impuso multas por más de 4 millones€ a las diferentes empresas participantes en el cártel, que han sido confirmadas por la Audiencia Nacional. Ésta ha dictado 14 sentencias sobre los recursos que presentaron las compañías. En 12 de ellas, la Audiencia confirma las infracciones y las sanciones impuestas. En cuanto a las dos restantes, en una de ellas, la Audiencia ratifica la infracción declarada por la CNMC, pero solicita que la Comisión recalcule el importe de la multa. En la otra, estima completamente el recurso de la empresa sancionada.

Cualquier cártel es dañino para la sociedad, pero los que afectan a la Administración Pública son especialmente perjudiciales: impactan directamente en el presupuesto público y no dejan competir a otras empresas que se presentan a las licitaciones públicas, subrayan en la CNMC

El ‘cártel de las mudanzas internacionales’ ilustra bien esta situación. Sus prácticas afectaron a los concursos convocados para gestionar las mudanzas a destinos internacionales del personal de varios Ministerios: Exteriores, Defensa (CNI, Policía Nacional, Guardia Civil), Educación (Instituto Cervantes), Economía (Comercio), Presidencia, Trabajo, Agricultura y Medio Ambiente, Industria, Turismo y la Agencia EFE, entre otros.

Las empresas fijaron los precios y otras condiciones comerciales, se repartieron el mercado estableciendo cuotas, e intercambiaron información sensible para manipular el proceso de presentación de ofertas en los concursos públicos de los ministerios.

En este sentido, cabe recordar que desde la aprobación del Real Decreto-ley 9/2017, la Administración está facultada, como perjudicada de la misma, para reclamar los daños sufridos como consecuencia de una práctica restrictiva de la competencia.

Este cártel también pone de manifiesto los importantes beneficios que el Programa de Clemencia de la CNMC tiene para las empresas, los consumidores y el mercado en general. Una de las compañías obtuvo una reducción del importe de la multa porque colaboró con la Competencia y aportó información significativa para demostrar el funcionamiento del cártel.