La operativa es sencilla. Empresas que ofrecen empleo a los jóvenes. Y les obligan a hacer un curso para disfrazar su relación de práctica no laboral. Con ello logran pagar salarios de apenas 400 euros. Y abaratan además sus cuotas a la Seguridad Social. Un sector donde se mueven cada año 850.000 jóvenes. Y que, según los cálculos de UGT, detrae 1.600 millones a la Seguridad Social, además de sumir a los jóvenes en la precariedad, afirma en un extenso informe Estudio sobre el fraude en las prácticas no laborales la sección juvenil del sindicato, Ruge.

UGT afirma que el “fraude” en las prácticas no laborales se extiende cada año. Y culpa de ello a una extensa red de colaboradores, que van desde portales de empleo, hasta empresas y agencias de colocación.

El sindicato describe a fondo el “fraude” de las prácticas no laborales, “remuneradas o mal remuneradas”. La operativa es sencilla. Los empleadores solicitan mano de obra. Aunque, para admitir a los jóvenes, ponen una condición. Les exigen poder firmar un convenio de prácticas entre un centro de estudios y la empresa empleadora.

No importa si el joven aspirante no está cursando en ese momento ningún estudio. En estos casos fraudulentos, una red, que incluye desde portales de empleo, hasta agencias de colocación, y por supuesto las empresas empleadores, conspira para que el joven acceda al empleo bajo la apariencia de una de estas prácticas, que suponen una fatal degradación en sus condiciones de trabajo.

Según ha comprobado el sindicato, algunas empresas, en connivencia con centros de estudios privados y escuelas de negocios — algunas adscritas a universidades públicas — ofrecen a los jóvenes la posibilidad de cursar una formación, si quieren optar a los empleados.

Se trata, según UGT, de cursos de pésima calidad, sin apenas relación con el empleo ofertado. Y cuyo coste, en torno a 200 euros, deben asumir los propios aspirantes al empleo; jóvenes sin experiencia laboral, en su mayoría, y por tanto, ansiosos por conseguirse alguna.

Pero el fraude no acaba ahí. Luego, una vez que los jóvenes pagan esos cursos, y aceptan disfrazar su relación bajo la apariencia de práctica no laboral, se encuentran con ofertas de empleo que nada tienen que ver con el espíritu de unas prácticas.

En primer lugar, los puestos de trabajo suelen ser de una naturaleza — mozo de almacén, recepcionista, camarero, pinche de cocina, dependiente en tienda y hasta vigilante de toboganes en un camping — que dista de necesitar la realización de prácticas.

Tampoco reciben los jóvenes formación, teórica ni práctica, como es obligatorio en este tipo de fórmula. Porque en realidad, concluye el sindicato, todo está orientado a proporcionar mano de obra barata, y casi sin derechos, para cubrir faltas de personal y las vacaciones de la plantilla, a pesar de que lo prohíba la ley (las prácticas no pueden suponer una relación laboral encubierta).

Una extensa red de colaboradores

El sindicato señala en su informe a una extensa red de colaboradores cuya actuación es necesaria para acometer el fraude de los cursos online y las prácticas no laborales.

En primer lugar, algunos portales de empleo, que, según UGT, publican ofertas de empleo “anónimas”, donde no es posible conocer la identidad de las empresas que ofrecen el empleo bajo la apariencia de práctica no laboral.

A continuación, algunos centros de estudios y escuelas de negocios — algunas adscritas a universidades públicas —, además de plataformas de formación en Internet, que “están haciendo negocio con esto”, denuncia.

Prohibir los cursos a posteriori

El sindicato demanda al Gobierno que prohíba los cursos a posteriori a la hora de iniciar unas prácticas no laborales. Según sus cálculos, estas prácticas no laborales “no remuneradas o mal remuneradas” se han traducido entre 2014 y 2018 en salarios perdidos por valor cercano a 16.250 millones de euros, además de 6.600 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.

UGT exige al Gobierno que apruebe el Estatuto de las prácticas no laborales comprometido en el Plan de choque por el empleo joven en diciembre de 2018, y que “sigue sin avanzar” pese a los dos años y medio transcurridos.

Además, la central exige prohibir la realización de convenios de prácticas no laborales mediante la matriculación en cursos a posteriori, así como otras medidas, como eliminar las prácticas no laborales extracurriculares, y crear un registro nacional de estudiantes en prácticas.

Trabajo de campo

El sindicato incluye en su informe los resultados de un trabajo de campo. La central envió a jóvenes a solicitar los empleos anunciados como convenios de colaboración de prácticas no laborales. Y describe los resultados en su informe.

“Cuando los jóvenes dicen a la empresa que ya no pueden hacer convenio con la universidad porque ya han terminado sus estudios, esta les indica que, si quieren trabajar, tiene que ser a través de un convenio de prácticas, por lo que deben matricularse en un curso online de un centro de formación privado”, relatan.

“No solo es que el curso no decida hacerlo de manera voluntaria la persona que busca trabajo, sino que, además, las prácticas que te ofrecen en un primer momento no están asociadas a ningún plan de estudio; esto en sí mismo ya supone un fraude”, agrega.

Finalmente, las empresas no ofrecen formación práctica en la empresa, sino una “relación laboral encubierta”, concluyen.

UGT extiende sus acusaciones contra la empresa El Mundo del Becario, una agencia de colocación y centro de formación para el empleo, inscrito en Andalucía, al que el sindicato acusa de practicar el sistema antes descrito.

El sindicato acusa a El Mundo del Becario de intermediar de manera “fraudulenta” entre las empresas y los jóvenes, en el ámbito de las prácticas no laborales; algo expresamente prohibido en el caso de las agencias de colocación, aseguran.

UGT asegura que ha recibido en sus trabajos de campo la invitación a realizar estos cursos de 200 euros, que deben pagar los jóvenes, a fin de optar a los empleos que se anuncian allí.

El sindicato afirma además que asistió a entrevistas con varias de estas empresas. Y concluye que allí se ofrece una remuneración media de 412 euros al mes, por jornadas de entre seis y ocho horas diaria, en funciones poco adecuadas para la firma de uno de estos convenios de prácticas, como recepcionistas, camareros o pinches de cocina; y sin ningún tipo de tutorización por parte de la empresa.

Según UGT, en las entrevistas reconocieron que recurren a los becarios por “falta de personal” o para cubrir las vacaciones de su plantilla; ambos extremos terminantemente prohibidos en el ámbito de las prácticas no laborales.

Las funciones que desempeñan los jóvenes en estos empleos son asistencia en la oficina, coger el teléfono o recargar la máquina de café. En ocasiones, además, reciben la promesa de la empresa de que, en el futuro, si otro becario se encarga de esas tareas, los jóvenes podrán hacer las prácticas “en administración y contabilidad”.

Más de 850.000 personas realizaron en 2018 prácticas no laborales remuneradas, según UGT. Según el sindicato, estas prácticas se traducen en el equivalente a casi 300.000 empleos.