No deja de ser asombrosa esta simultaneidad entre la vía libre europea a los corredores de alta velocidad ferroviaria en España y el retorno de la confederación empresarial madrileña a los tiempos previos a la máquina de vapor. Si me apuran, ni en el Pleistoceno del mercado laboral se barruntaba esa sugerencia que late en los postulados de su presidente Arturo Fernández que, aunque lo parezca, no es tanto que se recorte el derecho de huelga y que se reduzca aún más la indemnización por despido. Se trata más bien de que, ya que tienen a bien ofrecer algún empleo por precario y miserable que sea, la única queja de la plantilla sea por tener, gracias al maldito convenio, unos minutos libres para el cafelito, perdiendo así productividad, y que, lejos de percibir unos euros por quedarse en la calle, no sea el asalariado quien pague por todo lo que ha aprendido gracias a la benevolencia del patrón.

Al fin y al cabo no hay que olvidar que el trabajo dejó hace años de ser un derecho para pasar a ser un golpe de fortuna superior a acertar cuatro más el complementario. Por tanto las estadísticas de la EPA no deberían reflejar a estas alturas a la población activa sino a la ciudadanía agradecida por tener que levantarse a las seis y media, coger el cercanías, currar diez horas y cobrar menos de mil euros al mes. Si todos estos factores no le hacen saltar alborozado por la incontenible alegría sepa que en su ser anida un antipatriota insolidario incapaz de contribuir a la salida de la crisis. Una actitud aún más ruin cuando se contrasta con el hecho probado de que más de un empresario de altos vuelos se ha visto obligado a renunciar al cohiba de la sobremesa tras apalabrar unas transacciones en un almuerzo de negocios.

Claro que esto es injusto y tergiversado. Hay decenas de miles de pequeños empresarios, el verdadero tejido productivo del país, que las pasa canutas para mantener su exigua plantilla. Acaso por ello, en aras a ese trabajo diario, estas salidas de tono nutren una imagen distorsionada de una clase empresarial que, en su mayoría, demanda soluciones para contratar a cuantos más trabajadores mejor porque eso será señal inequívoca de que los desvelos y las filigranas contables para sobrevivir han merecido la pena.

No creo que la pulsión mayoritaria de este colectivo, al menos de aquellos que no tienen tiempo de jugar a estadistas ni políticos, sea abogar por el copago sanitario o por el reforzamiento de la enseñanza privada; algo que, precisamente en Madrid, sólo puede ser calificado de redundancia. Igual bastaba con arrimar el hombro y asumir que no parece la política empresarial más idónea mirar al asalariado como si fuera un potencial estorbo en vez de un colaborador en el futuro del negocio. Eso sí, a costa de renunciar a algunos titulares. Quizás para algunos sea pedir demasiado esfuerzo.