La vuelta al colegio vive atenta a las condiciones en que se desarrollará el curso 2021-2022. Este año también se contratarán algunos profesores adicionales. Pero no serán tantos como el curso pasado, cuando 35.000 profesionales de refuerzo pasaron a reforzar la atención educativa, en gran medida debido a los desdobles de clases y a la reducción del número de alumnos por aula, decretados para contener la pandemia.
Este miércoles el Gobierno central y las comunidades autónomas se reúnen para terminar de fijar las medidas de prevención que regirán en las aulas el próximo curso. Durante este curso se apuesta por la presencialidad en todos los niveles educativos. La mascarilla será obligatoria a partir de los seis años de edad. Y la distancia entre alumnos en el aula se podrá reducir de 1,5 a 1,2 metros, siempre que la evolución de la pandemia lo permita.
Estas medidas preocupan a las organizaciones de profesores. En vísperas de la reunión del miércoles de la Conferencia Sectorial de Educación, el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha exigido que se mantengan un número reducido de alumnos por cada aula. Y que refuerce el profesorado, con 40.000 docentes y personal de apoyo adicionales, además de aquellos que engrosaron las plantillas el año pasado.
Sin embargo, los planes de las comunidades autónomas caminan por otro lado. En junio, el sindicato ANPE denunció que apenas una decena del total de 17 comunidades autónomas preveían mantener el plantel de profesionales contratado frente a la Covid; en concreto, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid, Extremadura, Navarra y País Vasco, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dependientes en esto del Ministerio de Educación.
Otras, en cambio, planean recortar el número de profesores, como Aragón, Asturias o La Rioja, según lo anunciado en junio, si bien entonces faltaban por pronunciarse Andalucía, Galicia, Murcia y la Comunidad Valenciana.
Relevo de Celáa en Educación
Y eso que la Conferencia Sectorial de Educación aprobó en julio nuevos fondos para luchar contra la Covid; ya con Pilar Alegría al frente del ministerio de Educación en sustitución de Isabel Celáa.
En concreto, de los casi 1.500 millones de euros a repartir entre las comunidades autónomas, cerca de 120 millones se dedicarán al programa de refuerzo escolar PROA+, destinado a apuntalar las necesidades educativas debidas a la pandemia; otros casi 30 millones a la creación de unidades de acompañamiento y orientación para alumnado vulnerable; 73 millones más para la creación de plazas de FP, y otros 93 millones parta la creación de ciclos bilingües, también en Formación Profesional; dentro de un programa bendecido por fondos europeos anticovid, donde la estrella es la digitalización, con casi 1.300 millones destinados a tal fin, entre Secundaria, Bachillerato y FP, de una inversión total cercana a 1.500 millones.
Reducción de ratios, una medida efectiva, según CCOO
“La reducción de ratios ha demostrado ser una medida enormemente efectiva para mejorar la calidad educativa, y es imprescindible, no solo para asegurar la seguridad y la salud, sino también para corregir las carencias previas del sistema y las surgidas por la pandemia, especialmente en el alumnado más vulnerable”, afirman desde CCOO, desde donde insisten en fijar un listón máximo de 20 alumnos por aula.
Según CCOO, la pandemia constituye “una oportunidad para fortalecer de manera permanente el sistema educativo”. Y alerta además contra los planes de “algunas comunidades autónomas” de volver a las condiciones de escolarización que regían antes de la pandemia.
Además de la contratación de más profesores, el sindicato abandera la causa de acometer una mejora permanente en las condiciones de trabajo del profesorado, lo cual, entre otras medidas, pasa por reducir a un máximo de 18 horas en la carga lectiva Secundaria y FP; y a 23 en Infantil y Primaria.
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