El equipo de responsables de la política energética española, que lidera la ministra Teresa Ribera, se enfrenta a uno de los problemas más relevantes de ese área de los últimos años: la subida casi en vertical de los precios de la electricidad, que parece que no es coyuntural. Al alza de los derechos de CO2 se une la cotización histórica del gas. Y esta materia prima influye en especial en España en el recibo eléctrico por el peso de las centrales de ciclo combinado, que están además llamadas a aumentar su relevancia como potencia de respaldo a las renovables en el futuro con el relevo de las nucleares.

La clave de los posibles cambios, como el sistema marginalista del mercado mayorista, está en Bruselas. El Gobierno en un contexto en el que recibe críticas negativas desde diversos frentes, y con el desgaste político creciente, va instar a la Comisión Europea a analizar las condiciones en las que se desarrolla los mercados eléctricos no solo en los últimos meses sino también las proyecciones del futuro.

Las medidas que se proponen chocan allí. Unidas Podemos, su socio en el Gobierno, ha defendido regular por una vía diferente el precio de la energía nuclear y el de la hidroeléctrica para abaratar el recibo de la luz. Es una medida que habría que adecuar a la normas ya aprobadas que pretenden acabar con los llamados beneficios llovidos del cielo para esas tecnologías. Propone que el precio que las comercializadoras paguen al kilovatio nuclear sea fijo y uno máximo para la hidráulica, estimando que el ahorro para los consumidores llegaría hasta lo 3.000 millones de euros.

Si bien el obstáculo más fuerte es asimismo la posición de Bruselas. El Ministerio de Transición Ecológica estudia el plan que se enfrenta a la normativa europea que impedirá en la práctica su aprobación. Para la Comisión Europea, los Gobiernos no deben intervenir en la formación de los precios de la luz y defiende que las normar actuales crean de forma idónea las señales para la inversión.