Gobierno epistolar y leyes por fascículos

25/08/2021

Hernando F. Calleja.

El género epistolar tiene larga tradición literaria. Ahora también se ha incorporado a la política de los días. Los ministros parece que no debaten lo suficiente en el Consejo ni en las comisiones delegadas y tampoco hacen mucho uso del gabinete telegráfico que los une cómodamente por línea telefónica. Digamos que desconfían de la oralidad o, si se prefiere, confían más en la literalidad, como si fueran notarios.

El que un ministro recabe la atención de otro igual o del presidente a fuerza de cartas o correos electrónicos es llamativo y refleja una desconfianza profunda entre los dos grupos políticos que forman el Ejecutivo. Aquí, la relación por escrito no tiene otro sentido que la demostración o la constatación. La prueba. En ningún caso la intimidad, ya que el autor de la carta suele darla a las redes sociales y a los medios de comunicación en el mismo momento de enviársela a su destinatario.

Lo que vienen siendo estas cartas son admoniciones y advertencias. Abruptos recordatorios de lo pactado y sutiles amenazas de que el otro se desvía de la línea trazada en aquellos pactos iniciales o que explora territorios vedados por los acuerdos. Lo que digo, desconfianza.

Una prueba clamorosa de esta relación viciada es el proyecto de ley por entregas sobre la reforma de las pensiones públicas. Un proyecto que recoge lo más negativo de dicha reforma, que es la indexación de las pensiones con el IPC, cuando éste crece y no las altera cuando la inflación sea negativa y que se ocupa de eliminar el factor de sostenibilidad de la ley anterior y sustituirlo… por ya se verá que otro mecanismo.

O sea, se envía un proyecto de ley incompleto, para que vaya pasando los trámites parlamentarios necesarios, pero cuyo elemento esencial, se incorporará sobre la marcha cuando los partidos del Gobierno hayan pactado entre ellos una solución que, a su vez, merezca las bendiciones de los sindicatos y, al menos, la mirada para otro lado de la patronal y que supere las justificadas suspicacias de Bruselas.

Hay algunos precedentes de proyectos de ley de marear la perdiz hasta que se ha logrado una mayoría suficiente para aprobarla con las enmiendas del caso, pero enviar deliberadamente un proyecto de ley cuya parte mollar no existe y ni siquiera el Gobierno tiene idea de cómo va a ser, creo que es inédito.

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