La crisis que ha provocado la subida de los precios de la electricidad ha desbordado el ámbito doméstico, aunque el efecto en estos consumidores sea el más relevante y el que más pesa en la opinión pública. El alza del recibo se ha trasladado a pequeños empresarios, básicamente los que operan en el sector de bares, hostelería en general, peluquerías, otros establecimientos especializados en el cuidado personal, así como a pequeños comercios.

Y también se mostrará en la inflación y en el crecimiento económico, y no solo en España: el encarecimiento de la electricidad es ahora más que una batalla política, una de las cuestiones más candentes que tiene el Gobierno. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, comparece este lunes en el Congreso para informar del plan de Ejecutivo para combatir este proceso.

En algunas actividades el coste eléctrico es más importante, más que el derivado de la plantilla y el encarecimiento de la factura ha sido de media el 35% solo en julio, agosto es peor, según asociaciones empresariales.

Factor que se une al impacto de la reducción del consumo iniciado con la pandemia y a la consiguiente descapitalización de los negocios. El temor es la reducción de la plantilla o el cierre, y más con las perspectivas actuales, en las que se prevé que el gas seguirá encareciéndose en los mercados internacionales. Desde estos medios se destaca que las medidas hasta ahora implementadas no han surtido efecto y que siguen perdiendo competitividad.

Estas empresas tienen en general contratos regulados por el PVPC en la medida que se han podido acoger a ella al tener contratada potencia por debajo de los 10 kilowatios. Si bien, compañías con potencia y consumo más elevados temen el impacto en los contratos que tienen suscritos con las eléctricas y que se van a marcar récords respecto a los últimos años.