Los secretarios general de UGT y de CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo.
Isaac Buj – Europa Press

Los empresarios y los sindicatos siguen fijando posiciones de cara a la apertura de la negociación por la subida del salario mínimo (SMI) que comenzará el próximo 1 de septiembre. Mientras el Gobierno afirma que la subida no será retroactiva, y los empresarios reiteran que no es el momento de subir el mínimo legal, los sindicatos plantean una negociación rápida, que permite aplicar ya la subida en la nómina de septiembre.

Los agentes sociales y el Ejecutivo han abierto ya la guerra de declaraciones que precede a la negociación por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). La convocatoria de la primera reunión, el próximo miércoles, 1 de septiembre, viene precedida de un intenso tráfico de declaraciones, que buscan allanar el camino de la negociación.

Mientras los empresarios continúan mostrando su oposición, y se remiten a las palabras de su presidente Antonio Garamendi, llamando a la contención de costes laborales en un escenario aún de crisis, el Gobierno afirma que la previsible subida no tendrá efectos retroactivos, y fían al curso de la negociación la posibilidad de que la renta se suba en septiembre o ya en octubre.

Todo un acicate a dilatar la negociación, que los sindicatos tratan ahora de atajar. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha urgido al Gobierno a tomar una decisión, habida cuenta de la resistencia que opondrán los empresarios, y “resolver cuanto antes” una negociación “que da para una reunión o dos”, según afirmó a la agencia Europa Press.

“Esta es un negociación simple, no digo que sea fácil llegar a un acuerdo, pero es simple. Habrá que poner las propuestas encima de la mesa y decidir”. “Evidentemente bastante antes de mediados de septiembre esto tiene que estar resuelto”.

Efectos sobre el empleo

Unai Sordo, tras recordar que el SMI ha estado congelado “dos terceras partes del año”, ha tratado a continuación de debilitar las posiciones que destacan el efecto sobre el empleo que la subida del salario mínimo tiene sobre los colectivos peor pagados; a saber, las mujeres y los más jóvenes.

Para ello, Sordo ha restado validez a los informes del Banco de España, que calcularon la pérdida de empleos a raíz de las últimas subidas del salario mínimo; pérdidas que se concentran además en los colectivos que ocupan los trabajos menos productivos; muchos de ellos, jóvenes y mujeres.

Para Sordo, estos estudios responden a posiciones que el tiempo “ha dejado superadas”. Por el contrario, ha sostenido, la subida del salario mínimo se traduce en creación de empleo, al revertir esta subida en consumo y, por ende, en dinamismo para la economía.

Todo lo contrario de lo que opinan muchos expertos, y en concreto Juan Ignacio Conde Ruiz, catedrático de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, y subdirector de Fedea, una de cuyas entrevistas alguien hoy ha rescatado convenientemente y hecho correr por Twitter, y donde el economista, tras dar la razón a los sindicatos en cuanto a la temporalidad y su efecto llamada para la creación de empresas poco productivas —y no al contrario, como sostienen algunos— , advierte, en cambio, sobre la necesidad de no ocultar que las subidas del salario mínimo se traducen en pérdidas de empleo, cuando la productividad de estos empleos se sitúa por debajo del SMI.

Alta inflación

Los sindicatos exigen que la próxima subida del salario mínimo, que se aplicará previsiblemente a partir de septiembre u octubre, se sitúe al menos al mismo nivel que la subida de precios; que, en el caso del IPC, se situó en el 2,9% el pasado mes de julio; el último dato disponible.

Sin embargo, otras rentas, como los sueldos de los funcionarios o las pensiones, que sí se actualizaron en enero, subieron entonces un 0,9%; si bien, en el caso de las pensiones, se prevé una actualización —la conocida ‘paguilla’— que corrija la desviación entre la previsión de inflación con que se actualizan estas rentas a principios de año, y la inflación real, que se conoce un año después, al cierre del ejercicio.

Otras negociaciones pendientes de resolver, en este caso entre empresarios y sindicatos exclusivamente, se refieren al acuerdo marco sobre convenios colectivos. Este acuerdo por el empleo y la negociación colectiva (AENC) caducó en diciembre pasado y los negociadores tienen pendiente su renovación.

Un acuerdo firmado antes de la emergencia sanitaria, que fijaba un incremento salarial del 2%, ampliable al 3% en algunas empresas o sectores, entre otras recomendaciones que sirven para orientar las mesas de negociación donde se pactan cada año miles de convenios colectivos.

Una recomendación que no se está cumpliendo —los últimos datos señalan que la subida salarial media pactada se situó en torno al 1,5% % en julio—, a pesar de que los precios ese mismo mes casi duplican el valor (un 2,9%).

El advenimiento de la pandemia ha cortado las alas al acuerdo bilateral entre empleadores y trabajadores, que había logrado recortar las pérdidas de poder adquisitivo que sufrieron las rentas salariales durante la anterior crisis –-cuando se ensayó precisamente una salida basada en la devaluación salarial—.

Y dejado sin desarrollar otra de sus previsiones, como era el salario mínimo por convenio, que los patronos aceptaron, antes de la pandemia, llevar a los 1.000 euros en 2020.

El salario mínimo interprofesional está fijado hoy en día en 950 euros, en catorce pagas, que asciende a 1.108 euros si se expresa en doce pagas; en total 13.300 euros brutos al año, por una jornada completa.

Los sindicatos desean elevar esa cifra hasta el punto que el alza de los precios no suponga merma de poder adquisitivo a los trabajadores; lo cual, para un IPC del 2,9% equivale a 27 euros mensuales (en catorce pagas).

Sin embargo, el grupo de expertos que estudio los efectos de una subida del salario mínimo por encargo del ministerio de Trabajo recomendó antes del verano una subida de entre 12 y 19 euros.