Las subidas del precio del gas, que se revalida cada día en el mundo como una materia prima de alto interés geoestratégico, y la de los derechos de emisiones de CO2 (factores que se retroalimentan), no ponen fácil al Gobierno el control de la escalada de la electricidad en los próximos meses. En este panorama, Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, citó ayer lunes en el Congreso comportamientos que, en su opinión, también influyen en el comportamiento alcista del mercado mayorista.

Y el de las empresas concesionarias de centrales de energía hidráulica se decanta como un elemento en el que Ejecutivo puede actuar en base al bien público.. Bruselas dificulta otras medidas relacionadas con el funcionamiento del pool (mercado mayorista) o el control de la fijación de los precios mayoristas, pero el ámbito de la producción hidroeléctrica cuenta con margen.

Ribera, tras calificar de escandalosa la reducción del caudal de los embalses, aceptó que las acciones pueden ser compatibles con las condiciones de explotación, es decir, que tendrían cobertura legal. Al igual que al «interiorizar el coste de oportunidad» en el actual proceso de escalada de los precios de la electricidad. .No obstante algo puede cambiar. En este contexto el Ejecutivo está trabajando en la aplicación del artículo 55 de la Ley de Aguas para ordenar estas concesiones, que regula el control de la concesiones de los embalses, y entre otros temas, la capacidad de las confederaciones hidrográficas para la gestión de las centrales.