Las subidas récord de los precios de la electricidad en el pool de generación (mercado mayorista), que encarecen a cifras inéditas el recibo que pagan los consumidores, va a transformar el funcionamiento del sistema eléctrico. Al menos ese es el objetivo del Gobierno. Si los responsables de la política energética no pueden cambiar el sistema marginalista que fija los precios o sacar de él determinadas tecnologías por la normativa comunitaria, una solución escogida, aunque no sea la única, es reducir el peso del pool.

Los efectos puede que se implementen y perciban a medio plazo, pero las eléctricas tendrán que adaptarse, entre otros factores, a un mayor peso del autoconsumo, de los contratos a largo plazo y a las subastas de energía primaria, según medios consultados.

En los últimos días se ha percibido con claridad que el PSOE intenta amainar la crisis política provocada por la subida de la luz, la más relevante surgida en esta legislatura. La ministra de Transición Ecológica y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha dado entrevistas en diversos medios de comunicación para explicar sus objetivos y cómo lograrlos, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a que los ciudadanos no paguen más cuando acabe 2021 que en 2018. Un reto que obliga a más cambios relevantes y con efectos rápidos, añaden expertos, y no solo se debe limitar al fin de los llamados beneficios caídos del cielo para las nucleares e hidráulicas,

Además de la creación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico que conlleva la salida del recibo eléctrico del coste de las primas a las renovables y su reparto entre todos los comercializadores energéticos, también los del gas y otros hidrocarburos, la energía hidráulica es otro objetivo. La gestión de estos activos deberá ser diferente a la actual que se basa casi en exclusiva en el uso del agua embalsada en su beneficio, pero que no siempre se traduce en un recorte de los precios del mercado mayorista.

La creación de una empresa pública que agrupe activos hidráulicos, como pide Unidas Podemos-IU, ha creado división en el Gobierno, si bien el argumento que se emplea desde el área socialista es que si crea con las centrales a las que se les acabe el periodo de las concesión carecerá de relevancia en mucho tiempo. Que se puede tratar de una idea a repensar.