La Fiscalía del Tribunal Supremo registró en 2020 un descenso de casos en todas sus secciones a excepción de la Sección de lo Contencioso-Administrativo, que despachó un 11% más de asuntos que en 2019, es decir, un total de «451 asuntos, de los que 203 se refirieron a derechos fundamentales».

Así consta en la Memoria de la Fiscalía que ha presentado este lunes la fiscal general, Dolores Delgado, en el marco del acto de la apertura del año judicial, celebrado en el Tribunal Supremo con la presencia del Rey Felipe VI y el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes.

Durante 2020, la Sección de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se encargó, entre otros asuntos, de estudiar –a petición de la Sala– los recursos interpuestos contra el Gobierno y miembros del Ejecutivo por los estados de alarma adoptados para gestionar la crisis sanitaria. En comparación con la actividad registrada en otras secciones, es la única que aumentó su carga de trabajo respecto al año anterior.

En el caso de la Fiscalía de la Sección de lo Civil, se despacharon 4.303 informes frente a los 6.308 de 2019. En la Sección Penal se registraron 5.636 asuntos frente a los 6.112 del ejercicio anterior. Y en la Sección de lo Social se atendieron 4.207 casos, cifra inferior a los 5.184 de 2019.

El Ministerio Público también aporta los datos relativos a la Fiscalía ante el Tribunal Constitucional, que registró 6.566 asuntos, un 13,38% menos que en 2019.

De los casos atendidos, 99,17% eran recursos de amparo y el 46,45% de ellos se suscitaron en el orden penal, mientras que el 29,13% correspondían a lo contencioso-administrativo y el 19,53% a lo civil. El porcentaje de conformidad con la posición de Fiscalía fue en 2020 del 91,33% en los recursos de amparo frente al 86,32% registrado en 2019.

Respecto a las cuestiones de inconstitucionalidad, el 75,86% se suscitaron en el orden contencioso, el 10,34% en el penal y el 6,89% en el civil. El porcentaje de conformidad con la posición del Ministerio Público en estos casos fue del 100% frente al 43,47% del ejercicio anterior.

En el caso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la Memoria detalla que tiene asignadas el 84,97% de las 1.002 diligencias previas incoadas en 2020 en el órgano judicial, que el año anterior registró 4.705. En total, «se presentaron 56 escritos de acusación frente a 210 acusados» y «se celebraron un 8,5% menos de vistas».

La Memoria también hace referencia a la actividad de los órganos territoriales del Ministerio Fiscal en el área penal y advierte de que al estudiar los datos recogidos se debe «tener en cuenta» la «repercusión» que la suspensión de los plazos procesales tuvo en todas las actuaciones «durante casi un trimestre».

Según precisa, se incoaron 1,8 millones de procedimientos. Se registraron también 1,3 millones de diligencias previas: el 29% de los casos respondían a delitos contra la vida y la integridad física, lo que representa una «leve reducción»; el 20% eran contra el patrimonio, cifra similar al ejercicio anterior; el 7% por violencia de género o doméstica; y el 24% no tienen asociado ningún registro.

En el caso de las diligencias urgentes, se rompió la «tendencia alcista con un descenso del 17,9%» al incoarse unas 167.020. De estas, el 38% fueron por seguridad vial; el 29%, por violencia de género y doméstica; y el 7%, por delitos contra la propiedad.

Los datos de la Memoria evidencian, a su vez, un descenso del 12% de las calificaciones fiscales, del 8,9% de los procedimientos abreviados y del 8% de la incoación de sumarios.

Relativo a los juicios, el Ministerio Público prestó asistencia a 260.715 juicios, frente a los 332.888 de 2019. Según las estadísticas, 140.207 fueron por delitos leves, 112.712 en los juzgados de lo penal y 7.796 en las audiencias provinciales, lo que representa un «fuerte descenso por el estado de alarma». Se suspendieron un 46% de los juicios en los juzgados de lo penal y un 41% en las audiencias provinciales.

En cuanto a la evolución cualitativa de los delitos en los que trabajaron los órganos territoriales del Ministerio Fiscal, las diligencias incoadas por homicidio aumentaron un 8%, mientras que las referidas a lesiones cayeron un 18%.

Las relativas a delitos contra el orden público aumentaron un 24%, siendo la mayoría actos catalogados como atentado o resistencia a la autoridad (94%). En concreto, las de resistencia y desobediencia crecieron un 77,19%.

Por su parte, las diligencias incoadas por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico se redujeron un 14%. Las referidas a estafas apenas disminuyeron (-4%) y hubo un fuerte repunte de las estafas ‘online’ (40%).

La Memoria del Ministerio Público destaca en el apartado de indicadores sociológicos de la carrera fiscal que España cuenta con 2.553 fiscales en plantilla con una ratio de 5,02 fiscales por cada 100.000 habitantes, «algo menos de la mitad de la media europea».

Según los datos aportados, el 64% de los fiscales son mujeres. El 59% de los cargos directivos están ocupados por hombres: 71% de fiscales de sala, 71% de fiscales superiores, 60% de fiscales jefes provinciales y 33% de fiscales jefes de área.

Reforzar su autonomía

La Fiscalía propone llevar a cabo una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para reforzar la autonomía de la institución dirigida por Dolores Delgado, según se desprende de la memoria sobre las actuaciones del Ministerio Público durante el pasado 2020, que se ha presentado este lunes durante la apertura del año judicial.

Así se recoge en el apartado de propuestas de reformas legislativas, aunque no entra en detalles sobre en qué sentido debería modificarse el EOMF, limitándose a indicar que ha de servir para reforzar la autonomía de la Fiscalía en todos los ámbitos: presupuestario, orgánico, organizativo y normativo.

La fiscal general del Estado ya defendió la necesidad de una reforma del EOMF en pro de la autonomía del Ministerio Público, en el marco del anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que pone en manos de los fiscales la investigación penal, hasta ahora encargada a los jueces instructores.

En materia procesal, reitera además las propuestas incluidas en el Plan de Desescalada del Ministerio Fiscal con las 60 medidas para agilizar, flexibilizar y modernizar la Justicia.

Por otro lado, plantea crear una unidad de la Fiscalía General del Estado experta en perseguir los delitos contra la administración pública, un asunto en el que centra varias propuestas.

De esta forma, recomienda tipificar el delito de omisión de perseguir infracciones administrativas por parte de las autoridades y de los funcionarios encargados de castigarlas, y revisar la actual configuración del elemento subjetivo del delito de prevaricación administrativa.

La Memoria de la Fiscalía de 2020 también fija su atención en la responsabilidad penal de las personas jurídicas al proponer que se amplíe el catálogo de delitos que les afectan. Apunta asimismo a la necesidad de registrar los programas de cumplimiento normativo de las empresas.

Por último, el Ministerio Fiscal demanda admitir la autoría mediata, la inducción, la cooperación necesaria y la complicidad como formas de autoría en los delitos especiales propios.