El secretario general de CCOO, Unai Sordo (i), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez
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Los sindicatos se han mostrado a favor de suavizar su petición de incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) este año de entre 25 y 30 euros al mes, a cambio del compromiso del Gobierno de elevar a 1.000 euros el umbral mínimo salarial a partir de enero de 2022.

Tanto Unai Sordo, de CCOO, como Pepe Álvarez, de UGT, se han mostrado a favor de sumar a CEOE a un acuerdo por la subida del salario mínimo. Para ello, ambos líderes sindicales han propuesto moderar la subida de este año —que solo afectaría a los tres o cuatro últimos meses del ejercicio—, a cambio de que el 1 de enero de 2022, ningún trabajador en España cobre menos de 1.000 euros al mes, en catorce pagas, por una jornada completa de trabajo.

El tira y afloja continúa una vez que los empresarios han redoblado su oposición a la subida “inmediata” del salario mínimo que pretende el Gobierno. Sin embargo, el enfrentamiento con los empresarios encuentra su réplica en el seno del Gobierno, con dos posiciones opuestas, que corresponden a Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, y Yolanda Díaz, titular de Trabajo.

Los empresarios sostienen que este no es el momento de subir el salario mínimo. Y argumentan que una subida de este umbral mínimo golpeará sectores enteros, como el campo, o el trabajo doméstico, así como a las empresas de menor tamaño, sin importar la rama en que estas operen.

Además, los empresarios esgrimen las cifras de los convenios firmados este año, una quinta parte de los cuales mantienen los salarios congelados, como el de la hostelería de Madrid, según recordó el presidente de la confederación empresarial CEOE, Antonio Garamendi.

Sin embargo, otras voces recuerdan que la media del alza salarial pactada este año se sitúa entre el 1,5% y el 1,8%, según ha recordado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien ha instado a los empresarios a explicar las razones por las que se priva de esa subida al millón y medio de personas que trabajan en España al margen de un convenio; y fuera, por tanto, de cualquier subida, si no se actualiza el salario mínimo.

La disputa se libra además en cada dedo de terreno que afecta a la negociación; una vez que el lunes concluyera sin acuerdo la última reunión. La pugna afecta incluso al momento en que subiría el salario mínimo, una vez el Gobierno decida cuál será el porcentaje de subida; si en septiembre, como pretenden los sindicatos y la ministra de Trabajo; o ya en octubre, como abandera la vicepresidenta Calviño.

Lo más grave, sin embargo, es que un cierre en falso de la negociación puede afectar a otras mesas, donde se discuten asuntos de importancia, como la prórroga de los ERTE (expedientes de regulación temporal de empleo) frente a la Covid a partir del 30 de septiembre, la reforma laboral, o la segunda parte de la reforma de pensiones.

Un traspié en la subida del salario mínimo puede echar al traste estas negociaciones, que afectan a temas capitales, como el veto a la contratación temporal, las normas de subcontratación o incluso, según desean los sindicatos, el despido, según advirtió hoy el líder de UGT.

“Si no hay acuerdo, las movilizaciones van a estar servidas. Y eso tiene efectos negativos sobr el resto de las cuestiones que está negociando el Gobierno”, avisó Álvarez.

El salario mínimo, en caso de aceptar la subida de 12 a 19 euros aconsejada por el grupo de expertos convocado por el Gobierno, debería subir de 38 a 31 euros en 2022, si se quiere dar alcance al listón de 1.000 euros, en catorce pagas, fijados por los sindicatos; y, un año después, 60 euros adicionales en 2023, hasta alcanzar los 1.060 euros; la cota donde se sitúa el 60% del salario medio en España que fija la Carta Social Europea, según algunas estimaciones.