UGT y CCOO han presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional contra Uber Eats por el despido colectivo de más de 3.000 riders; antiguos autónomos que no han podido seguir trabajando con la filial de reparto de Uber, una vez que la firma derivó hacia subcontratas los servicios de reparto de comida a domicilio que viene prestando en España.

Los sindicatos se han unido así a la demanda anunciada por el despacho SBO Abogados, que anunció en agosto su intención de demandar a Uber Eats por el despido de los repartidores.

En este caso, las organizaciones sindicales han presentado demanda por despido colectivo, a diferencia del despacho de abogados que anunció acciones por despido individual.

La demanda presentada por UGT y CCOO ante la Audiencia Nacional entiende que Uber Eats ha incurrido en un despido colectivo, realizado además de forma “irregular” al prescindir de más de 3.000 repartidores, antiguos autónomos; que no han seguido prestando servicios para la empresa de reparto, una vez que esta renunciara al modelo de autónomos, tras la entrada en vigor el 12 de agosto de la conocida como ley rider.

Con la llegada de la nueva ley, Uber Eats varió su estrategia de negocio, y optó por acuerdos con empresas de reparto, como Deliveers, Closer Logistics o Delorean Transport; algunas de ellas vinculadas al transporte de viajeros en conocidas plataformas que operan con licencias VTC. Estas subcontratas, a diferencia del modelo anterior, de “falsos autónomos”, según varias sentencias, cuentan con repartidores en plantilla, tal y como exigen diferentes resoluciones provenientes, tanto de la Inspección de Trabajo, como del propio Tribunal Supremo, que fijó doctrina en torno a la laboralidad de los riders o repartidores.

De este modo, Uber Eats trataba de adaptarse a las nuevas condiciones impuestas por la ley rider, cuya entrada en vigor el 12 de agosto obliga a contratar a los trabajadores por el régimen general, y no como autónomos, como sucedía antes.

“Desconexión” de 3.000 trabajadores

Sin embargo, los sindicatos, con la presentación de esta demanda anunciada hoy, entienden que la compañía está obligada a responder por sus trabajadores como si estos fueran empleados, y no autónomos; tal y como señalan diferentes resoluciones administrativas y judiciales.

Por este motivo, CCOO y UGT entienden que Uber Eats ha procedido de forma irregular al “desconectar” a más de 3.000 trabajadores, que no han podido renovar sus servicios con el paso al nuevo modelo de contratación.

“La desconexión masiva de todas las personas que trabajaban para Uber Eats se debe entender como un despido colectivo, que se ha realizado de forma irregular, sin garantizar los derechos respaldados por el Estatuto de los Trabajadores y el convenio sectorial que regula las condiciones colectivas de trabajo”, afirman desde las centrales sindicales.

Polémica adaptación de otras plataformas

La demanda contra Uber Eats llega después de que Deliveroo, otra de las grandes del sector, anunciara su intención de abandonar España, incapaz de competir ante las nuevas obligaciones laborales que le impone la legislación española.

Un anuncio al cual replicó CCOO anunciando una demanda de despido colectivo, que todavía no se ha concretado.

Además, otra de las compañías, Glovo, despertó la ira de los repartidores cuando, en su afán por adaptarse a la legislación, ideó un nuevo sistema de tarifas que rebajó los ingresos de los riders, escudándose además en que así cumplían la nueva legislación.

Hoy, los sindicatos, tras presentar su demanda ante la Audiencia Nacional, han anunciado nuevas acciones “conjuntas” que tratarán de frenar los “incumplimientos legales de las plataformas digitales de reparto”.

Respecto a la demanda contra Uber Eats, UGT y CCOO afirman que la compañía tan solo había contratado a un “número muy pequeño” de repartidores a través de subcontratas.

Un modelo el de subcontratas —finalmente— también en el ojo del huracán, a la espera de que se decida si estas compañías subcontratadas actúan con la suficiente independencia, o si por el contrario, siguen un esquema de reparto de trabajo ordenado por algoritmo de sus clientes, las plataformas, en cuyo podría estar incurriéndose en una nueva ilegalidad, la cesión ilegal de trabajadores.