Antonio Ruíz, Azorín, o cualquier pequeño filósofo de la realidad cotidiana podría decir hoy que lo incongruente, lo incomprensible y la factura de la luz son la misma cosa. La gran subida por sorpresa, a traición, del precio de la energía eléctrica y el consiguiente impacto inflacionario resultan tan inexplicables que la ministra del ramo y vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, se ha refugiado en el escaso margen de maniobra de la normativa europea para evitarlo, el presidente Pedro Sánchez se ha salido por la tangente diciendo, a modo de consuelo, que el precio medio será en el conjunto del año similar al de 2018, y el Congreso de los Diputados se dispone a crear una “comisión de estudio” de la “trama eléctrica”.

Si no siguen vigentes los tiempos en que las eléctricas ponían el papel sobre la mesa y el ministro de turno firmaba sin rechistar, a ver cómo se explica esa “nueva factura” publicada en el BOE el 30 de abril que ni siquiera impone a las comercializadoras la obligación de consignar el precio del kWh consumido en cada uno de los tres tramos horarios (punta, llano y valle). Con ello dificultan la comparación entre distintas ofertas y perjudican aún más a los usuarios de ese bien esencial. Es sólo un ejemplo de cómo se hacen las normas que afectan a las eléctricas. Cierto es que luego algunos exministros y expresidentes acaban en sus consejos de administración. O al menos es lo que ocurría hasta ahora.

A falta de argumentos e instrumentos para impedir la gran subida del precio de la energía, el Gobierno ha intentado atemperar la factura con la reducción del IVA del 21 al 10 por ciento. Pero esa medida adoptada en junio, con ser de justicia, ha tenido un efecto mínimo, más bien orientado a mantener el consumo y en todo caso ajeno a un mercado mayorista dominado por la especulación de los insaciables fondos buitre (así les llaman). Si el mes de agosto se convirtió en el más caro de la historia, con el megawatio-hora (mWh) a más de 100 euros, el de septiembre no va a la zaga. Si hace un año el mWh costaba 41,96 euros, ahora va por encima de los 150 euros y sin visos de bajar.

Cuando el presidente Sánchez citó el año 2018 y no el 19 o el 20 para decir que la factura final del 2021 será similar, eligió la comparación más favorable a su intención de no alarmar. Sin embargo, el precio mayorista del mWh fue de 57,29 euros para el conjunto de 2018 y la media de lo que llevamos de 2021 ya frisa los 70 euros el megawatio. Quiere decirse que su comparación va a quedar tamañita y que la factura media anual de los once millones de hogares con suministro del mercado regulado superará los 700 euros en 2021 frente a los 598 de 2018 y a los 512 del año pasado.

Se ha repetido como causa de la imparable subida ese extraordinario incremento del precio del gas natural, que se ha multiplicado por cinco y medio respecto al año pasado, así como el aumento de la tasa de emisión de CO2, que se ha duplicado respecto a 2020. Sin embargo, más del 60% de la energía eléctrica consumida en España (uno de los países UE con menor interconexión, junto a Portugal) en julio y agosto procede de las centrales hidroeléctricas. Si ni el gas ni la contaminación han sido los costes principales de la producción, habrá que buscar otra explicación al fenómeno. La más certera es la pura y dura especulación.

Visto que el sistema común de la UE de fijación del precio diario en el mercado mayorista viene marcado por la tecnología más cara de producción de energía, las eléctricas españolas han aprovechado el potencial de las centrales hidráulicas para hacer su agosto. De hecho, más del 60% del consumo registrado ese mes procede de las turbinas de los pantanos. La voracidad del beneficio las ha llevado a vaciar embalses sin reparar en el daño ecológico y social. La ministra Ribera les ha reprochado su “falta de empatía social y medioambiental”. Pero esa crítica a unos tipos sin más ética que la del beneficio y el dividendo carece de eficacia.

¿Qué hacer? Dice el presidente Sánchez que va a pelear en Bruselas para cambiar el sistema de formación de precios. Pero no cabe engañarse: está en minoría. Se anuncia desde Moncloa la prórroga hasta final de año de la supresión del impuesto del 7% a la producción energética y la reducción del IVA al 10%. Está bien, aunque resulta insuficiente, según los expertos. Se propone la creación de un Fondo de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico para reducir los costes fijos, incentivar las renovables y devolver a los ciudadanos el dividendo del CO2 no emitido por una parte de las centrales clásicas. Pero estas medidas dependen de la aprobación de dos proyectos de ley en tramitación en el Congreso y ya se sabe que la dilación de los plazos de presentación de enmiendas puede ser desesperante. Cabe suponer que sus señorías de derechas, que también se han quejado amargamente del alza de los precios, no incurrirán en el filibusterismo de las prórrogas ni sabotearán unas disposiciones que reducirían un 15% la factura eléctrica. Pero ya veremos. De momento, la experiencia indica que esperar algo de las derechas cuando hay dividendos políticos en juego es un ejercicio inútil, algo similar a enseñar a un cerdo a cantar.