La Fiscalía del Tribunal Supremo ha propuesto el archivo de la denuncia presentada por Podemos al no apreciar cohecho en el acuerdo que hizo fracasar la moción de censura contra el Gobierno de Fernando López Miras en la Región de Murcia en marzo.

El fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal de la Fiscalía del Supremo, Javier Zaragoza, asegura que el nombramiento de dos de los diputados de Ciudadanos que votaron en contra para dos de las Consejerías regionales «no puede considerarse como una ilícita recompensa».

Zaragoza habla de «un problema de liderazgo en Ciudadanos entre la candidata propuesta en la moción de censura y la que en ese momento era vicepresidenta del Gobierno regional».

La moción de censura «es un mecanismo político de control de la acción de gobierno habitualmente presente en los estados democráticos, reconocido» por la Constitución, por el Estatuto de Autonomía de Murcia y «diseñado para exigir responsabilidades políticas por las acciones de gobierno».

Pero «si se considera legítimo presentar una moción de censura, como acto estrictamente político que es, aunque encubra un reparto de cargos y funciones de gobierno, no menos legítimo debe ser considerado oponerse a la misma, desactivando de esta manera mediante acuerdos políticos la prosperabilidad de aquella».

Zaragoza va más allá y justifica la legitimidad de la moción «aun cuando se rompa la disciplina de voto por desacuerdos internos», recordando que este hecho es «políticamente justificable en cuanto el artículo 25.1º del Estatuto de Autonomía de Murcia proclama que los diputados no están sujetos a mandato imperativo alguno».

Reacciones

El coordinador autonómico de Podemos en la Región de Murcia y secretario en la Mesa del Congreso, Javier Sánchez Serna, cree «preocupante» que la Fiscalía no vea cohecho en el acuerdo político que tumbó la moción de censura presentada en marzo por PSOE y Ciudadanos para desbancar al PP del Gobierno autonómico.

«Es preocupante que la justicia avale el transfuguismo, una práctica corrupta que socava los fundamentos de la democracia y de las instituciones. En este sentido, no podemos compartir de ningún modo la decisión de la Fiscalía», señala.

La situación actual de la Asamblea Regional es «anómala», porque «el PP se ha comprado a diputados» que obtuvieron el respaldo de 140.000 murcianos que no eligieron a ese partido. «Estamos hablando de más de un 20% del electorado; si la justicia no tiene nada que decir sobre eso, no es una buena justicia», apunta.

El dirigente de la formación ‘morada’ ha indicado que, «aunque judicialmente no vaya a ser punible, lo que vivimos en marzo en la Región de Murcia no deja de ser un escándalo político, ético, y, sobre todo, no deja de ser corrupción».

Para el secretario general del PP autonómico, José Miguel Luengo, «el Supremo da un varapalo a la izquierda radical que trataba de deslegitimar al Gobierno de Fernando López Miras, al no haber delito alguno en los acuerdos de formación de Gobierno tras la moción de censura y confirma la inocencia de Teodoro García Egea, al que se le acusó injustamente y falsamente».