El Gobierno tiene previsto aprobar mañana un paquete de medidas que ponga fin a la escalada del precio de la electricidad que se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y políticos. Algunas de estas medidas tiene un perfil más coyuntural, mientras que otras se encaminan a modificar el funcionamiento del sistema. Van desde las reducciones adicionales de impuestos, remodelación de la tarifa regulada a la introducción de fórmulas que reduzcan el peso del pool, mercado mayorista que tanto depende la normativa comunitaria.

Está en juego más de un tema, y no solo los posibles resultados del PSOE en las próximas elecciones. El impacto de la subida de la tarifa afecta a los clientes domésticos, también a la competitividad de un sinfín de pequeñas y medianas empresas, y la de grupos industriales que cuentan con un elevado peso de los costes energéticos.

Puede haber novedades y asuntos que se trasladen a otras reuniones del consejo de ministros, si bien la reducción adicional de los impuestos está en la agenda: la eliminación temporal del impuesto a la electricidad, que grava el recibo con un 5,11 %, y que se uniría a la del IVA del 21 % al 10 %, así como a la suspensión del impuesto a la generación eléctrica, un 7% menos hasta finales de año

Cambiar los factores que influyen en la tarifa regulada -PVPC- (Precio Voluntario para Pequeños Consumidores) irá al consejo. El objetivo es que el recibo de estos consumidores, que son los que más están sufriendo los máximos históricos del mercado mayorista, se marque por otros criterios e índices.

El Gobierno ha estudiado en las últimas semanas una reforma que se considera clave, como se ha comprobado en las tecnologías que han marcado el precio en las últimas subastas: el poder de las empresas en la gestión de los embalses. El ministerio que dirige Teresa Ribera ha detectado malas prácticas en la utilización de las centrales hidráulicas.

Con un fin a medio y largo plazo, además de los mecanismos que reduzcan el mercado mayorista, el Ministerio de Transición Ecológica ha convocado una nueva subasta para energía eólica y fotovoltaica por 3.000 megavatios, que tendrán que estar operativos antes de junio de 2024, menos un cupo de 600 megas que estarán en el mercado en septiembre del próximo año.