El último informe de la ONG Global Witness muestra que es Colombia, por segundo año consecutivo, el país más peligroso para los defensores del medio ambiente, con 65 de los 227 que han sido asesinados en 2020.

América Latina es, según el informe elaborado por la ONG, ‘Defendiendo el mañana’, la región más afectada por estas prácticas contra los derechos de los pueblos indígenas y los defensores medioambientales, con tres de cada cuatro casos de agresión registrados en lugares como Colombia, Guatemala, Brasil, o México. Filipinas, y Arabia Saudí e Indonesia, que entran por primera vez en este listado, fueron los lugares en donde más se repitieron estos casos.

Muchas de las víctimas fueron atacadas mientras protegían ecosistemas particulares, y el 71% lo fueron por defender grandes extensiones de bosque de la deforestación, la extracción ilegal de recursos y el desarrollo fraudulento de la industria, mientras que otros fueron asesinados por defender ríos, océanos y zonas costeras.

«Existe una presión enorme sobre estos ecosistemas para establecer, sobre todo, terrenos agrícolas y ganaderos; hay una competencia por la tierra muy fuerte», explica la autora del informe, Laura Furones.

Las comunidades indígenas y originarias, que apenas representan el 5% de la población mundial, son los grupos más expuestos a esta violencia, porque son también como las más efectivas en la defensa de estos espacios. En 2020, más de un tercio de los defensores asesinados pertenecían a estas minorías. Además de los países de Latinoamérica mencionados, Filipinas, así como Arabia Saudí e Indonesia, que entran por primera vez en este listado, fueron los lugares en donde más se repitieron estos casos.

Las mujeres son también uno de los colectivos más expuestos, pues aunque solo representan uno de cada diez asesinatos en 2020, sufren violencias de carácter sexual, que históricamente no han sido registradas en las estadísticas.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia ha puesto de relieve, denuncia el informe, la desprotección de las comunidades indígenas, quienes no solo han tenido que seguir haciendo frente a estos ataques, sino también al abandono de las autoridades. Los confinamientos han aumentado la vulnerabilidad de estos grupos, quienes durante el último año han sido asaltados y asesinados en sus propios hogares.