Con el objetivo de que la tarifa media eléctrica para los consumidores domésticos esté en línea este año con la cifra de 2018, el Gobierno amplia las medidas ya desplegadas, son ocho, centrándose tanto en las rebajas de los impuestos como en lo que considera elevados beneficios de las compañías. Los recortes se refieren a las plantas de generación nucleares e hidráulicas que se benefician de la subida de los precios del gas y de los derechos se emisión en los mercados internacionales, pese a que no les afecta los citados factores en sus costes. La meta es reducir el recibo un 22%.

Si bien las novedades se reflejan más para el consumo de gas, con topes en la repercusión del alza de la materia prima en los recibos.

Tras el Consejo de Ministros, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, subrayó que las medidas no van a bajar el precio del mercado mayorista eléctrico, desbocado como también ocurre en toda Europa. Aportó varios datos relevantes. Uno señala que por cada euro que sube el gas en los mercados internacionales aumentan dos en el pool de electricidad. La minoración aprobada reducirá los ingresos de las energéticas en 2.600 millones.

Las medidas se conocen cuando un mercado sin freno pulveriza todos los récords anteriores, con el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista en 172,78 euros por megavatio hora para este miércoles, lo que supone un incremento del 12,6% respecto al día anterior, es decir sube casi 20 euros en 24 horas.

Y los datos muestran con la claridad que aportan las matemáticas el efecto del alza del precio de la electricidad. en la economía. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), los precios de la electricidad se han disparado un 7,8% en agosto y un 34.9% en los últimos doce meses. El alza habría sido sustancialmente mayor de no haberse aprobado la reducción impuestos.

Ribera argumentó que los cambios aprobados son compatibles con el derecho comunitario, contra otros defendidos por su socios del Gobierno y otros partidos en sus intervenciones en el Parlamento. Entre ellos está la reforma de la tarifa regulada. Se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en el cálculo de las tres bandas que impacta en ella, para que incorpore la referencia de precio de la subasta con una ponderación máxima del 10%. 

El Ejecutivo incide en la reducción de la carga fiscal, con la disminución del Impuesto Especial de la Electricidad que pasará del 5,11% actual a un 0,5%, el porcentaje mínimo que permite las autoridades comunitarias. También hasta 31 de diciembre se mantendrá el IVA reducido en el 10% para los consumidores de menos 15 kilowatios de potencia contratada, medida que se une a la suspensión del impuesto a la generación que se eleva al 7%. Con estos cambios los impuestos solo supondrán un 11% del recibo para los clientes domésticos.

A partir de ahora se abordará una modificación de la ley de Aguas, para evitar que se produzcan hechos como los ocurridos este verano, que supusieron el vaciado de embalses. .

El Gobierno va a convocar subastas de compra de energía, en las que las grandes eléctricas deberán ofertar electricidad a las comercializadoras independientes, de forma proporcional a su cuota en el mercado, así como los grandes consumidores. Podrán adquirirla y suscribir contratos a plazo con un período de liquidación igual o superior a un año.