Pilar Fernández Bozal, consejera de justicia, reclamó la urgente modernización de la administración de la justicia en Cataluña. Alertó que «una justicia que no resuelve los asuntos legales con rapidez tiene un coste de incertidumbre y de inseguridad jurídica muy importante y es un claro freno para atraer inversiones y para la dinámica empresarial». Dicho lo cual explicó que actualmente se están tramitando 870.000 procedimientos y añadió que «se encuentran tramitando en juzgados y tribunales catalanes asuntos vivos que suponen unas reclamaciones económicas pendientes del orden de los 40.000 millones de euros», cifra equivalente al presupuesto anual de la Generalitat y al 20% del PIB catalán. Fernández Bozal aseguró que «el equivalente a la quinta parte del PIB catalán está a la espera si ha de cambiar o no de manos, y los correspondientes demandados o demandantes están a la espera de una sentencia judicial para saber si pueden contar con este dinero o no».

El departamento de Justicia trabaja para evaluar la repercusión que una justicia moderna, rápida y eficiente tendría en la reactivación económica, y aseguró que, si se lograra reducir la tramitación de los procedimientos judiciales de los actual 32 meses de media a 16, el circuito productivo recuperaría entre 110 y 135 millones de euros al año.