Voy, aunque sea inusual en esta parcela, a comenzar con una cita. “Hay empresas energéticas que ahora mismo están teniendo beneficios extraordinarios. A mí no me parece aceptable porque son beneficios que les vienen por la evolución del precio energético”. Estas palabras fueron pronunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas unas horas antes de que el Gobierno decidiera incautarse de parte de los beneficios de las empresas energéticas por un monto de 2.600 millones de euros.

En ningún caso dice el Presidente que esos beneficios sean ilegales u obtenidos siquiera dudosamente, porque no puede decirlo, ya que en el superintervenido sector energético no hay muchas fisuras normativas para colarse por ellas. Se trata, efectivamente, de beneficios extraordinarios obtenidos con toda legalidad, y derivados de eso que Sánchez califica de “evolución del precio energético”, o lo que es lo mismo, de las circunstancias del mercado internacional. Entonces, ¿por qué esta incautación?

No soy especialmente afecto a las empresas energéticas españolas, incluso, a tenor del servicio que presta alguna de ellas de la que soy cliente, estoy bastante harto de lo mal que funciona como suministradora y como organización administrativa. Mi enfado, sin embargo no me lleva a alinearme con la decisión del Ejecutivo, sino todo lo contrario.

He subrayado la legalidad y legitimidad de la actuación de las eléctricas en este contexto, pero falta señalar que el escándalo de los precios no está en el cumplimiento de las normas, sino en las normas mismas. Es evidente que quienes en cada momento legislaron sobre el mercado mayorista energético no consideraron necesario ningún tipo de salvaguarda ante una subida despampanante (lo de justificable o no es otro cantar) de los precios energéticos. Y si lo consideraron sería aún peor, porque erraron  sin paliativos.

Pero no es mi intención hablar del mercado energético, de sus imperfecciones y sus fallos, sino de la decisión más que discutible de la incautación de unos beneficios obtenidos sin retorcer unas normas nacionales y europeas.

La decisión del Gobierno es de mucha más dudosa legalidad, por más que se revista de urgencia social, de pobreza y de buena fe. No es una respuesta acorde con la economía de mercado y puede  tener un efecto disuasorio de la inversión en un sector estratégico, que, por otra parte, ha de afrontar grandes inversiones derivadas de los compromisos medioambientales contraídos por el Estado, partiendo ya de un endeudamiento considerable de las empresas.

Como ha concluido una entidad  norteamericana aludiendo a la decisión del Ejecutivo español, “la incertidumbre del mercado es ya muy alta, pero la del Gobierno es mayor”.

Se puede decir más alto, pero no más claro.