El pleno del Congreso de los Diputados comenzó el lunes a debatir las enmiendas pendientes de la oposición al Presupuesto de 2011 con un reproche universal al Gobierno por vetar aquellas que pedían que no se congelen las pensiones. Fue entonces cuando la nueva diputada de IU-ICV, Nuria Buenaventura, que ha sustituido a Joan Herrera, levantó una libre que, según dijo, escapó del punto de mira del Ejecutivo. Es la número 60 al capítulo primero y propone que se aplique la subida de las pensiones con cargo al superávit de la Seguridad Social. Habrá que esperar a la votación para ver qué suerte corre. De antemano los votos del PSOE, PNV y Coalición Canaria son suficientes para que la liebre no escape.

Antes de que los ministros acudan hoy martes a defender sus cuentas, vale anotar las dudas del popular Vicente Martínez Pujalte y el convergente Josep Sánchez Llibre sobre el crecimiento del 1,3% del PIB estimado por la vicepresidenta económica Elena Salgado. “Si no se cumple, habrá subida de impuestos”, pronosticó el de CiU. “No es creíble el dato de crecimiento”, afirmó Pujalte. Para Sánchez Llibre estamos “ante un Presupuesto con los pies de barro y habrá plan B”. Para el del PP “estamos ante un ejercicio insolidario con algunas regiones, con los pensionistas y con los empleados públicos, a los que se congela el sueldo mientras se asignan partidas para una escuela de chacolí, para los amigos de la ópera o se gastan 35 millones en la construcción de un barco”.

El PP deplora que un elevado porcentaje de la deuda soberana –Pujalte no concretó cuánto– de 200.000 millones de euros haya ido y siga yendo a gasto corriente, a pagar sueldos en vez de a realizar inversiones. “Estamos hipotecando a las generaciones futuras para mucho tiempo”, dijo el portavoz del PP en ausencia del titular Cristobal Montoro. De hecho, la ausencia de la mayoría de sus señorías fue la nota dominante de la tarde.

El socialista Francisco Fernández Marugán defendió el plan de austeridad del Gobierno. “Hay que estabilizar para crecer, y para eso tenemos que reducir el déficit público, mantener la cohesión social y territorial e incrementar la productividad”. La situación anterior al ajuste de mayo, con el déficit desbocado, no era sostenible. Por eso reprochó al PP la falta de apoyo y que “por arriba hablen de ajuste y por debajo aticen el gasto”. Después apeló a los datos para demostrar que el Gobierno mantiene la sensibilidad social: “La política social ha pasado de 135.239 millones en 2006 a 183.230 en 2011, un 35% de incremento”. La expulsión de cientos de miles de trabajadores al paro y el aumento del número de pensionistas explican las cifras. En 2011, arroz sin liebre.