Una de cal y otra de arena. El consejo de administración de Naturgy considera «razonable» el precio de 22,07€ ofrecido por el fondo australiano IFM en su oferta pública de adquisición (OPA) sobre el 22,7% de la compañía, pero no hace ninguna recomendación expresa a los accionistas de acudir a la oferta, aunque tampoco la rechaza explítitamente.

El consejo, que ha recibido asesoramiento de Citi para la valoración de la compañía, opina por unanimidad que, «desde un punto de vista exclusivamente financiero y en las circunstancias actuales, el precio de la oferta es razonable».

Pero también precisa que deben tenerse en cuenta otras observaciones de carácter cualitativo, como la intención de IFM de contar con dos consejeros dominicales sin aumentar el tamaño del consejo, lo que implicaría reducir el número de consejeros independientes.

«En cualquier caso, corresponde a los accionistas decidir si aceptan o no la oferta, en función de sus particulares intereses, tolerancia al riesgo y horizonte temporal de inversión», señala el consejo, que deja muy claro que los principales accionistas de Naturgy, los fondos CVC y GIP -titulares del 20,72% y del 20,64% del capital- y Criteria (25,9%) no tienen previsto acudir a la opa. En el caso de Criteria, el brazo inversor de La Caixa, su intención es seguir comprando acciones hasta acercarse al 30% de Naturgy.

Los consejeros que poseen acciones de Naturgy a título individual (Reynés, Adell, Alcántara, Belil, de Jaime, Estapé y Sáinz de Baranda) ya han anunciado que no tienen previsto aceptar la oferta. Tampoco acudirán a la oferta las 8,67 millones de acciones que tiene el grupo en autocartera.

La oferta de IFM «demuestra el interés que genera la compañía para terceros, que avalan su nueva orientación estratégica».

Pero el consejo de Naturgy aprovecha para avisar de los posibles impactos derivados de las decisiones regulatorias adoptadas o anunciadas tras el Consejo de Ministros del 14 de septiembre de 2021, cuya «validez podría revisarse por los tribunales».

El consejo de administración informa de que la compañía está analizando los efectos económicos, contables y de otra índole de esas medidas. Aunque en este momento ve «impracticable» cuantificarlos, avisa  que «todo ello podría afectar al cumplimiento efectivo del Plan estratégico 2021-25 aprobado por el consejo del pasado 27 de julio, que está sujeto a que se materialicen las hipótesis de escenario y regulatorias y sus proyecciones, así como que se ejecuten las medidas diseñadas en la forma y plazos previstos».