El presidente de la Asociación de Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, avisa que la regularización que realizó Juan Carlos de Borbón puede no ser válida si de la notificación que se le realizó por parte de la Fiscalía se deduce la comisión de posibles delitos fiscales.

Es la reacción tras la información publicada en El País el 20 de septiembre, por la que el teniente fiscal del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, que investiga la fortuna del rey emérito en el extranjero, notificó formalmente a Juan Carlos I la apertura de cada una de las tres investigaciones que ha emprendido la Fiscalía sobre su patrimonio.

Según esa información, las notificaciones se produjeron en junio, noviembre y diciembre de 2020 a través del abogado del anterior jefe del Estado, Javier Sánchez-Junco y en cada uno de los escritos, de los que consta acuse de recibo, se le invitó a personarse en las diligencias, pero el rey emérito no lo hizo en ninguno de los tres casos.

El presidente de los Técnicos de Hacienda considera que sería necesario ver las notificaciones que se han producido y «en qué términos» se han hecho por que según la información estás son «muy genéricas» y no se explica que se hayan atribuido expresamente delitos fiscales sino que habla de hechos con posible «implicación penal» para el rey emérito.

No obstante y aunque en la notificación no se precisaran esos posibles delitos, Carlos Cruzado considera que «si de ella se puede deducir que los hechos que se están investigando pueden ser constitutivos, entre otros, de delitos fiscales o de índole tributaria» entonces «se podría entender que sí está notificada» la investigación sobre posible delito tributario.

En ese caso, añade el presidente de los Técnicos de Hacienda, la regularización podría no ser válida porque no cumple el requisito de la «espontaneidad» que exige la Ley.

Cruzado cree, además, que otro detalle a conocer es si finalmente el Rey Emérito se personó en las diligencias como lo habría ofrecido la Fiscalía en la notificación. En cuyo caso, podría no ser válida la regularización porque ya conocería el contenido de lo que se estaría investigando contra él.

Carlos Cruzado explica que la Fiscalía deberá decidir si admite o no la regularización como «expontánea» y si no es así, denunciar o querellarse contra el emérito. Por lo que se muestra convencido de que el abogado del Rey Juan Carlos recurriría y, en última instancia, será el Tribunal Supremo quien acabe resolviendo si las regularizaciones del emérito son válidas o no.

Según El País, las dos primeras notificaciones se produjeron antes de que, el pasado 9 de diciembre, el letrado de Juan Carlos I hiciera público que este había presentado «sin requerimiento previo», una regularización fiscal «por importe de 678.393,72 euros, incluyendo intereses y recargos»; mientras que la tercera se realizó con carácter previo a la segunda regularización que tuvo lugar en febrero de este año por valor de casi 4,4 millones.