Unos 275.000 trabajadores del sector de la dependencia están llamados a la movilización. El sector permanece sin convenio desde el año 2018. Una situación que bloquea cualquier mejora salarial, más allá de la inflación.

La convocatoria parte del sindicato Comisiones Obreras (CCOO), el único que firmó el anterior convenio colectivo con las patronales del sector Fed, Aeste y Ares.

El sindicato UGT, que alabó en abril el Acuerdo por la Dependencia, donde se prevé una inyección de 600 millones al sector — “insuficiente”, según CCOO — se ha desmarcado de la convocatoria.

Comisiones reclama a la patronal que desbloquee la negociación del nuevo convenio colectivo. Y que mejore las condiciones de trabajo de los 275.000 trabajadores de residencias, centros de día, centros de noche, servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio del sector privado y concertado que operan en España.

Los bajos salarios — mucho más bajos que en el sector público, según otras fuentes — son la tónica en el sector. Así, una gerocultora cobra un salario base de 997,16 euros. Un auxiliar de ayuda a domicilio, 984,65.

En el caso de las categorías peor remuneradas —limpiador-planchador, pinche de cocina, ayudante de oficios varios y personal no cualificado— el salario base se sitúa incluso por debajo del salario mínimo; esto es, 903,87 euros, frente a los 965 euros, en catorce pagas establecidos a partir de este mes de septiembre.

Además del salario, el sindicato reclama mejoras en otros ámbitos del trabajo, como el alivio de la “insoportable carga de trabajo” que el personal de las residencias y centros privados deben llevar a cabo, según el sindicato, en buena parte para suplir la falta de personal.

“Las plantillas de residencias privadas y concertadas no cumplían con los ratios [de personal] con anterioridad a la pandemia. En la actualidad el panorama es similar”, afirman desde el sindicato.

“Tampoco se cumplen los ratios de enfermería, y hay centros donde se cubre este déficit de personal con personal sin titulación o titulación no homologada”, añaden.

Falta dinero del Gobierno central

El sindicato sostiene que el Estado central, que cubre apenas un 20% de la factura y deja el 80% restante a las comunidades autónomas, debe mejorar la financiación de las plazas concertadas de las residencias de ancianos y otros servicios.

“Es necesario un incremento del coste de 3.600 millones de euros en el plazo de tres años”, alegan; frente a los 1.800 millones comprometidos por el Estado en el reciente Acuerdo sobre Dependencia, a razón de 600 millones anuales durante tres años a partir de este 2021.

CCOO defiende que solo con la creación de 40.000 puestos de trabajo nuevos en todo el país se solucionarán los problemas de falta de personal del sector, que repercuten en una merma de la calidad asistencial a los ancianos.

Para ello el sindicato pide al Gobierno que eleve las exigencias de personal a los centros privados, hasta cinco plazas por cada cien ancianos. También reclama la creación de 70.000 nuevas plazas para residentes. Si se cumplieran estas condiciones, el sector debería dotarse de 40.000 nuevos trabajadores, insiste el sindicato.

Otras peticiones tratan de atajar problemas como el abuso de contratos temporales en el sector, y un nivel “excesivo” de jornadas a tiempo parcial.

CCOO califica la situación del sector como “insostenible”. Y pide apostar por un “nuevo modelo de cuidados”, que mejore la calidad y la profesionalización del sector.

Convenio en ultraactividad

El último convenio del sector se firmó en 2018. Y caducó ese mismo año, con una cláusula de revisión automática que se activa, en tanto no se renueve el convenio, hasta igualar el índice de precios del año anterior —medido según el IPC “real”—, siempre que el producto interior bruto (PIB) crezca por encima del 2%.

La tabla salarial de 2018, vigente en la actualidad aunque con un alza del 1,2%, establece un salario base de 1.786,30 euros para el administrador, el director y el gerente de las residencias de personas mayores; los salarios más elevados; seguidos de los del médico y un titulado superior, con 1.521,66 euros de salario base; los 1.331,44 de un enfermero; los 1.236,35 de un trabajador social y de un fisioterapeuta, entre otros; cantidades a las que hay sumar un 1,2% para 2021.