La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) calcula que el Estado deberá aportar 7.988 millones€ en 2027 para poder amortizar la deuda que la sociedad contrajo en el momento de su creación, en el caso de que no se prolongue su vida más allá de ese año, según el informe de la comisión de seguimiento remitido a las Cortes Generales.

Este estudio incluye información relativa a la última actualización de su Plan de Negocio 2021-2027.

Sareb nació en 2012 para recapitalizar las entidades financieras más afectadas por la crisis financiera de 2008. En el momento de su constitución, emitió 50.781 millones de deuda avalada por el Tesoro como medio pago para adquirir los activos de las nueve entidades financieras que habían recibido ayudas públicas, una deuda que va amortizando a medida que genera ingresos con la venta y gestión de esos activos.

Si en el momento de su liquidación, prevista para 2027, no hubiese sido capaz de amortizar completamente la deuda, sería el Tesoro quien, como avalista, debería aportar el capital pendiente.

Al cierre de 2020, Sareb había cancelado el 31,2% de la deuda, 15.863 millones. En la última actualización de su plan de negocio, reconoce la imposibilidad de generar flujos de caja suficientes a lo largo del periodo para amortizar íntegramente la deuda emitida por la compañía.

El escenario central del plan de Sareb contempla la total liquidación de sus activos en 2027, con una venta mayorista en el último año de aquellos que no se hubiesen desinvertido durante la vida de la entidad.

Aunque el importe que el Estado debería aportar para amortizar la deuda en ese momento dependerá de la evolución de una serie de hipótesis, entre las que destaca la evolución de los precios de los activos inmobiliarios a lo largo de cada ejercicio, el documento cifra ese déficit de caja final en 7.988 millones de euros.

La liquidación de Sareb está prevista para 2027, pero el Gobierno podría acordar extender este plazo más allá de ese año para favorecer la amortización de la deuda, lo que requeriría de un cambio legislativo.

El Plan de Negocio reduce la deuda que tendría que asumir el Estado a 5.712 millones, aprovechando la extensión del plazo hasta 2032 para el desarrollo y venta de suelo y negocio promotor.

El Banco de España pone el foco en los interrogantes jurídicos

El informe de la comisión de seguimiento también recoge algunas apreciaciones de la Dirección General de Supervisión del Banco de España sobre el Plan de Negocio de Sareb. Ésta considera «positivo» que Sareb introdujese en las sucesivas actualizaciones «hipótesis cada vez más realistas y conservadoras que se ponen de manifiesto en el mayor déficit de caja previsto para la compañía».

Pero el Banco de España precisa que el Plan de Negocio no resuelve los interrogantes jurídicos, económicos, operativos y de gobernanza sobre el futuro inmediato de Sareb y que deberán aclararse cuanto antes para que la sociedad pueda centrar sus esfuerzos en la mejor consecución de su mandato, «la liquidación de los activos con el menor coste para el Estado»,