Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han reclamado hoy al Gobierno una reforma que achique la distancia entre las pensiones mínimas y el resto de prestaciones que paga la Seguridad Social.

Los sindicatos, que han llevado esta petición a la mesa de diálogo social donde discuten junto al Gobierno y los empresarios los próximos cambios en el sistema de pensiones, demandan una fórmula que mejore de forma permanente estas pensiones mínimas y no contributivas. Y una inyección de fondos, ya en 2022, que recorte la distancia, a través de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Las mejoras beneficiarían a casi 2,7 millones de pensionistas, añaden. Por un lado los 2,2 millones de pensionistas cuya pensión se complementa por el Estado, al no alcanzar un nivel mínimo. Y por otro los 450.000 que cobran pensiones no contributivas.

En el primer caso, se trata de las personas que no cotizaron lo suficiente como para que su pensión alcance ese nivel mínimo, fijada en casi 690 euros en el caso de viudos y jubilados sin cónyuge a cargo; y de 850 euros, en el de los jubilados con cónyuge a cargo.

El segundo caso incluye al casi medio millón que cobran una pensión no contributiva, cuya cuantía está fijada en 402 euros al mes y catorce pagas.

Así, el Estado debe complementar en este momento la pensión de 2,2 millones de personas, un 22% del total, a fin de alcanzar ese nivel mínimo fijado en las prestaciones de carácter contributivo.

Preservar el carácter contributivo del sistema

Los sindicatos creen que estas pensiones deben mejorar por encima del resto. Aunque resaltan que, a la vez, debería conservarse la diferencia entre los distintos niveles de contribución, a fin de preservar el carácter contributivo del sistema, que ofrece mejores prestaciones a quienes más aportan.

El Gobierno y los sindicatos continuarán discutiendo el próximo 27 de septiembre la segunda fase de la reforma de pensiones, después del acuerdo alcanzado en agosto en torno a algunas cuestiones. Las mejoras en las pensiones mínimas y no contributivas reclamadas por los sindicatos constituirán una dificultad añadida a esta reforma, reclamada por Bruselas, que el Ejecutivo deberá resolver en apenas unas semanas, a pesar de la complejidad de los asuntos a tratar.

Los negociadores, después de acordar la primera fase de la reforma en agosto, con incentivos al retraso en la edad de jubilación y penalizaciones en algunos casos de adelanto de esta edad, tienen ahora que acordar una fórmula que sustituya al factor de sostenibilidad, diseñado por el PP en 2013, y que preveía un recorte de pensiones para las generaciones con mejor esperanza de vida; si bien este factor nunca llegó a entrar en vigor.

Este llamado mecanismo de equidad intergeneracional será el principal escollo de la mesa de negociación. Aunque no el único. El nuevo sistema de cotización de los autónomos, en función de sus ingresos reales, ofrecerá también dificultades para una reforma, que debe concitar además el apoyo del Parlamento a este y otros asuntos, como la cotización por los becarios.

Además, el Gobierno deberá avanzar en la llamada separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social. Un movimiento que supone sacar de las cuentas del instituto de previsión social los llamados gastos impropios y empezar a pagar con impuestos gastos como el sueldo de los funcionarios o los incentivos al empleo, que hasta ahora se pagaban con el dinero de las cotizaciones.

Finalmente, la inflación añadirá presión a la mesa de diálogo sobre la reforma de pensiones, habida cuenta de que la subida de precios elevará en 3.000 millones la nómina de las pensiones en 2022, y otros 2.000 millones debidos a la ‘paguilla’, o compensación por el diferencial entre la actualización y la inflación final del año; en caso de que el IPC acabe el ejercicio en torno al 2,5%, como parece probable.

Presión que se suma a la tensión acumulada por más de una década de déficit continuado, que el año pasado, en parte por la pandemia, alcanzó la cifra récord de 30.000 millones de euros.