Los sindicatos reclaman soluciones que garanticen la viabilidad de las empresas y del empleo de los comercios de los aeropuertos en el marco de la rebaja de los alquileres propuesta por Aena. Y proponen ajustar los alquileres de las zonas comerciales al tráfico real, en línea con la enmienda aprobada por el Senado y que se debatirá el 23 de septiembre en el Congreso de los Diputados.

Aena considera que la aprobación de la enmienda en el Congreso de los Diputados supondría «una quiebra a la seguridad jurídica y una expropiación legislativa». Además, «la enmienda priva de la tutela judicial a quien sale perjudicado», el operador nacional, «que tendría que renunciar, por imperativo legal, a los acuerdos alcanzados o las resoluciones judiciales favorables, a costa de sus accionistas, entre los que figura el Estado español».

En el caso de que la aprobación de la enmienda siguiese adelante, Aena puede llevar el asunto al Tribunal Constitucional.

Los sindicatos recuerdan que el nivel de tráfico aéreo sigue aún en fase de recuperación paulatina, por lo que volver a cobrar el 100% del precio de los alquileres a partir de octubre «impactaría de forma directa en la viabilidad económica de las 120 empresas que operan en los aeropuertos y en los más de 12.000 empleos que generan».

Sin embargo, Aena insiste en que «desde el primer momento» ha buscado acuerdos con sus inquilinos y les ha ofrecido rebajas por valor de 800 millones, mejorando las condiciones exigidas por el Real Decreto Ley 35/2020.

El gestor aeroportuario ha confirmado que 90 de los 120 operadores comerciales que trabajan en los aeropuertos sí han aceptado los acuerdos que les ofreció el operador.

«Más del 70% de los comercios firmaron el acuerdo con las condiciones que propuso el gestor. Faltan por cerrar, fundamentalmente, los acuerdos con los operadores más grandes, las multinacionales que operan en los aeropuertos, que son las que han judicializado el proceso», explican en Aena, en referencia a Dufry, Áreas 2021 o SSP.