Las empresas de limpieza exigen que la subida del SMI se aplique a los precios de las contratas

27/09/2021

diarioabierto.es. El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva citaba que "las Administraciones deberían tener en cuenta esta subida en los precios para que la contratación pública lo refleje y la abone", recuerda el presidente de la Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel), Juan Díez de los Ríos.

La Asociación Profesional de Empresas de Limpieza (Aspel) ha pedido que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se aplique «de forma paralela» en los precios de los contratos públicos que se están ahora ejecutando.

El presidente de Aspel, Juan Díez de los Ríos, argumenta que, «como parte de la CEOE no vemos la urgencia» de esta nueva subida del SMI, desde los 950 hasta los 965 euros mensuales, que se aprobará en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre.

El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, el último que se realizó entre los sindicatos y la CEOE, citaba que «las Administraciones deberían tener en cuenta esta subida en los precios para que la contratación pública lo refleje y la abone». Pero Díez de los Ríos asegura que «esto no ha sido así»: «Hemos seguido siendo las empresas de servicios con mucha mano de obra las que hemos asumiendo estas subidas en los contratos en ejecución».

Aspel propone encontrar alguna fórmula legal que solucione estas deficiencias en los contratos para que las empresas no tengan que asumir el coste, porque de lo contrario, «muchas de ellas están abocadas a una crisis y una situación que no podrán sostener durante mucho más tiempo».

Díez de los Ríos califica de «injusta la decisión del Gobierno, porque nos dicen ‘mira yo te invito, pero tú pagas'». «No es posible actualizar este incremento en los contratos activos y en ejecución en el sector de la limpieza y, por otro lado, tampoco son fácilmente trasladables al cliente privado», indica.

El presidente de Aspel también ha hecho alusión a la Ley de Desindexación, que, actualmente, no permite modificar el valor de los contratos ya firmados, y defiende «revisar el precio de esto», al tiempo que lamenta que «siga sin amparar la revisión de costes en los contratos plurianuales de servicios con las Administraciones públicas».

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