La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) aplaude los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los agentes sociales para extender los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y las ayudas por cese de actividad para los autónomos.

Su presidente, Lorenzo Amor, cree que con estos acuerdos se da «seguridad y certidumbre» a empresas, autónomos y trabajadores, lo que permitirá mantener el empleo y la actividad económica.

En cuanto a la extensión de las ayudas a autónomos, Amor cifra en 150.000 autónomos los que se seguirán beneficiando de la prestación por cese de actividad, ya que «desgraciadamente» aún no ha llegado la recuperación a su actividad y tienen bajos ingresos. El resto de los 226.000 autónomos que venían percibiendo ayudas van a tener unas exoneraciones a lo largo de los próximos meses, según el presidente de ATA.

También ha aplaudido la introducción en el real decreto de medidas en referencia a la protección de los autónomos de La Palma, actualmente afectados por suspensiones de actividad y cierres ante la erupción del volcán. Estos autónomos van a tener una ayuda extraordinaria durante cuatro meses y la exoneración del 100% de la cotización a la Seguridad Social. «Serán cuatro meses que los autónomos cobrarán una media de prácticamente 1.000 euros y que será una ayuda», apunta.

UGT cree que será la última prórroga de los ERTE

Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, califica de «muy positivo» el acuerdo alcanzado, pero cree que habrá dificultades para que las empresas puedan implementar acciones formativas para los trabajadores que sigan suspendidos y beneficiarse así de mayores exoneraciones a la Seguridad Social.

«No va a ser fácil que se dé formación. En un mes no se planifican cursos de formación para decenas de miles de trabajadores. Las empresas, muchas de ellas, no van a estar preparadas para poder hacerlo, pero había que cerrar un acuerdo y yo creo que es un acuerdo muy positivo», declara a RNE.

Álvarez, que cree que ésta podría ser la última prórroga de los ERTE, admite que el encaje que se ha dado a la formación en el acuerdo es mejor del que inicialmente se planteaba, pero aún así piensa que habrá dificultades para poder cumplir lo firmado.

«Cuando hablamos de una empresa pequeña, de 20 ó 25 trabajadores, organizar esa formación no va a ser nada fácil. No queremos hacer una norma que luego va a ser difícil de cumplir, pero quiero decir claramente que no va a ser fácil cumplirla», reconoce.

Gobierno y agentes sociales han acordado que las empresas de más de 10 trabajadores que tengan trabajadores en ERTE puedan tener exoneraciones en sus pagos a la Seguridad Social del 80% si imparten formación a sus empleados suspendidos y del 40% en caso de no hacerlo. Para las empresas de hasta 10 trabajadores, la exención será del 80% si imparten acciones formativas y del 50% si no lo hacen.

Para Álvarez, las exenciones empresariales son «necesarias» todavía porque son empresas que «han aguantado hasta ahora», pero que cada vez lo tienen más difícil. «Hay que hacer el esfuerzo de salvarlas todas», subraya.

Pero reconoce que nadie sabe cuántas empresas de las que se han acogido a ERTE durante la pandemia son realmente viables, y precisa que hace ya cuatro meses pidió al Gobierno que hiciera un análisis empresa por empresa. «Mantener en la inactividad a los trabajadores sin perspectivas de ponerse en marcha, tampoco le da ninguna rentabilidad y a mí eso me lleva a pensar que, seguramente, si hay fraude, esté, por ejemplo, en empresas con ERTE que han contratado nuevos trabajadores, en empresas que tienen una parte de trabajadores en activo que hacen más horas», explica.

Seguridad Social y Hacienda ya han empezado a cruzar datos que, cuando se depuren, pueden mostrar algún síntoma de que en algunas de las empresas «esto no funciona», señala Álvarez.

El comercio recuerda que es el sector con más profesionales en suspenso

La Confederación Española de Comercio (CEC) también valora el acuerdo. Y recuerda que el comercio de proximidad es, tras hostelería, el sector que mantiene un mayor número de profesionales en suspensión de actividad, con 24.732 trabajadores (44.661 en el conjunto del comercio) por lo que la ampliación del plazo hasta febrero, tal y como solicitaba CEOE, resulta fundamental para garantizar la continuidad de aquellos negocios más afectados por la pandemia.

Y aplaude el trato a la formación en este acuerdo. En este aspecto, señala la importancia de acelerar los plazos de las convocatorias para la concesión de subvenciones públicas para la ejecución de programas de formación que están pendientes y que resultan imprescindibles para que las pymes del sector puedan ofrecer esta formación y cumplir así con el compromiso con sus trabajadores.