El decreto ley establecía un procedimiento extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las sentencias judiciales que declararon nulos determinadas cláusulas hipotecarias.

Unidas Podemos impugnó el decreto ante el Tribunal Constucional al considerar que con esta normativa el Ejecutivo de Rajoy vulneraba el principio de igualdad ante la ley (recogida en el artículo 14 de la Constitución), la tutela judicial efectiva (artículo 24), y la protección debida a los consumidores (artículo 51).