La reforma del Reglamento del Congreso para regular la actividad de los ‘lobbies’ en la Cámara, auspiciada por el PSOE, continuará su tramitación parlamentaria una vez que el Pleno ha rechazado el texto alternativo a la misma que había propuesto el PP y que ha contado con el único apoyo de Vox.

Pedro Navarro (PP)  ha criticado la iniciativa del PSOE por contener un «régimen sancionador discrecional y abiertamente inconstitucional» y por someter a los diputados al «control subjetivo de la Mesa del Congreso mientras el Gobierno sigue sin control», ya que la regulación de las relaciones del Ejecutivo con los grupos de presión no está prevista hasta finales de 2022.

Ignacio Gil Lázaro (Vox) cree que el régimen sancionador es «bananero, kafkiano e inconstitucional en potencia» porque invita a «la sanción y la denuncia generalizada».

Unidas Podemos y el BNG anuncian enmiendas a la propuesta del PSOE para que no se equipare a las plataformas ciudadanas, las ONG o los sindicatos con las grandes empresas a la hora de regular su relación con los parlamentarios.

Para el socialista Julio Navalpotro, la propuesta del PP es «de mínimos», frente a la del PSOE, «mucho más ambiciosa». Se creará un registro de ‘lobbies’ en el Congreso, que tendrá carácter público en la página web de éste. Los diputados o grupos parlamentarios deberán comunicar el contenido de su interlocución con los ‘lobbies’, que también se publicará en la web del Congreso: «Se difundirá en todo caso la identidad de las personas que han entablado la comunicación, la fecha y las materias en torno a las que se ha ejercido la actividad de influencia».

También se creará un expediente de huella legislativa de cada ley que se tramite en el que se recojan todos los cambios que se produzcan en el texto, con toda la información aportada por los grupos de interés sobre la iniciativa correspondiente. Al registrar cualquier iniciativa los grupos deberán comunicar si ha sido ‘inspirada’ por un ‘lobby’.

La propuesta socialista califica la infracciones en leves, graves o muy graves y recogen una graduación de sanciones que irán desde el apercibimiento hasta la suspensión de la inscripción en el registro indefinida.

Y habrá sanciones  para los diputados y grupos que incumplan las obligaciones relativas a los ‘lobbies’, el Código de Conducta de las Cortes,  falseen sus declaraciones de bienes, actividades e intereses económicos, no las presenten u omitan información en las mismas, que irán desde el apercibimiento y la publicación en la web del Congreso de la infracción cometida por el diputado o el grupo  hasta la retirada de cargos y complementos salariales del diputado que haya incurrido en infracción.

En su código de conducta para los grupos de interés, prohíben ser ‘lobistas’ a quien haya ostentado diputado, senador o alto cargo del Gobierno central en los cuatro años anteriores, así como quien haya sido inhabilitado judicialmente para ocupar un cargo público.