Fitch Ratings avisa que las medidas anunciadas por el Gobierno para tratar de frenar el alza del precio de la luz dejan a las compañías eléctricas españolas en una situación de «desventaja competitiva» frente a sus competidoras europeas.

En un informe, la agencia de calificación alerta que las medidas contra los beneficios de las compañías supone un impacto en la «predictibilidad» del marco regulatorio español debido a la «interferencia política».

«Creemos que los ratings de las empresas serán ampliamente resilientes a las medidas más punitivas, siempre asumiendo que las medidas sean temporales», señalan los analistas de Fitch Pilar Auguets, María Delia Linares y Jaime Sierra. En caso de que se extiendan mucho más en el tiempo, la firma revisará la capacidad de deuda de las empresas.

«La falta de intervenciones similares en países vecinos empeora el posicionamiento relativo del marco regulatorio español. Las eléctricas españolas se han quedado en una desventaja competitiva en comparación con sus pares europeos», advierte el informe, en referencia a la devolución de los «beneficios extraordinarios» que las eléctricas obtienen al repercutir sobre las centrales de generación de electricidad los costes de gas que no soportan (2.600 millones€) y de los denominados beneficios ‘caídos del cielo’ en las energóas nuclear e hidráuliac (625 millones).

Fitch subraya que «históricamente» siempre ha considerado el marco regulatorio energético de España como «menos robusto» que el de la mayoría de países europeos en relación a su independencia, transparencia y predictibilidad.

Las nuevas medidas «desafían» el diseño de mercado de la UE, distorsiona la competitividad de las productoras de electricidad españolas y «compromete» la consecución de los objetivos de transición energética.

El impacto económico total de estas medidas, de acuerdo a los cálculos de Fitch, será soportado sobre todo por Iberdrola (39%) y Endesa (36%), y menos por Naturgy (8%), EDP (3%) y Acciona (1%).

El 30 de septiembre, otra agencia internacional de calificación, S&P Global, avisaba que las reformas amenazaban con ralentizar los objetivos de transición energética e incluso valoraba la posibilidad de que las empresas decidieran reducir sus inversiones en España por la «incertidumbre regulatoria».