El exdirector de Cumplimiento Normativo del Popular Juan José Rubio declara ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama que sospechaba que la entidad había dado financiación a sus clientes para que pudieran participar en la ampliación de capital de 2.500 millones€ en 2016, pero que nunca llegó a confirmarlo.

En un informe de 2017 enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) los vicesecretarios del Consejo de Administración indicaron que el entonces jefe de ‘compliance’ tuvo constancia de ello.

Rubio ha contado al magistrado que, efectivamente, sospechaba que así fue. Primero, por las líneas de financiación concedidas a clientes y a empleados, si bien ha matizado que formalmente no figuraba que fueran para la ampliación de capital y que no pudo determinar para qué se usaron en realidad.

Y, en segundo lugar, porque su hermano, que trabajaba en una empresa cliente del Popular, le había comentado que el banco había ofrecido esta ayuda a la compañía para formar parte de la ampliación de capital.

Ante estos indicios, Rubio se puso en contacto con directores regionales. Creía que alguno podría haber acudido a esta maniobra para colgarse una «medalla» de cara a sus superiores. Pero ha reconocido que nunca llegó a confirmar sus sospechas porque allí donde preguntaba, incluidos los directores regionales, se le aseguraba que no había tal financiación.

También ha reconocido que su formación no estaba relacionada con el Cumplimiento Normativo y que no recibió ningún curso o instrucción acerca del cargo que desempeñó hasta septiembre de 2016.

Como director de Cumplimiento Normativo, Rubio asumió la interlocución con el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España por actuaciones iniciadas por estos organismos.

Después de un año y tres meses en ese puesto, Rubio pasó a ser director general de negocios especializados de la entidad.