El Gobierno ha propuesto subir el salario de los empleados públicos un 2% para 2022 durante la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas.

Presidida por la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez Milán, la Mesa General inició su reunión hacia las 9.00 horas y a ella estaban convocadas las organizaciones sindicales más representativas, así como los directores generales de Función Pública de las comunidades autónomas, representantes de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En el Ministerio destacan que los empleados públicos han ganado 7 puntos de poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez es presidente del Gobierno.

Y que incluirá en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 110%, que alcanzará el 120% en sectores prioritarios como la sanidad y la educación y en aquellas entidades locales que hubieran amortizado su deuda financiera a 31 de diciembre de 2021.

En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y policías autonómicas y locales, la tasa de reposición será del 125%.

Estos porcentajes son superiores a los de 2021, cuando la tasa de reposición general se situó en el 100%, y en el 110% para los sectores prioritarios. El Gobierno del PP mantuvo en el 0% la tasa de reposición durante cuatro años seguidos, desde 2012.

Los sindicatos quieren más

Este incremento salarial del 2% coincide con el objetivo de IPC del Banco Central Europeo (BCE) y supera el 0,9% en el que subieron los sueldos de los funcionarios este año. No obstante, no colma las expectativas sindicales, que reclamaban al Gobierno una subida mayor ante el alza de los precios (el IPC está en un 4%) y el poder adquisitivo perdido por el colectivo desde 2010.

«El Gobierno debe reconocer, como lo ha hecho la ciudadanía, el papel esencial que desempeñamos los empleados públicos, más aún cuando las previsiones de alza del PIB para 2022 son más que halagüeñas, del orden del 5,9%», señala la secretaria de Acción Sindical de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque.

Según un estudio de CSIF, desde los recortes de 2010, cuando se decretó una bajada del sueldo de los empleados públicos, éstos arrastran una pérdida del 10% en su poder de compra, el equivalente a haber trabajado gratis entre 13 y 18 meses en función de la categoría.

CSIF reclama un acuerdo para el resto de legislatura, que permita recuperar la estructura salarial previa a los recortes de 2010, tomando como referencia la desviación de este año por el alza de los precios, la previsión del IPC para el año que viene, más 1,5 puntos que permitan avanzar en la recuperación de este poder adquisitivo. «La subida debe ir en consonancia con el esfuerzo que se les ha exigido a nuestros empleados públicos durante la pandemia», subraya.

En lo que respecta a la tasa de reposición, aunque CSIF considera un «avance» los porcentajes planteados por el Gobierno, todavía le parecen «insuficientes» y pide directamente que se elimine la tasa de reposición para que las Administraciones Públicas puedan convocar plazas estructurales y reforzar los servicios.

Desde UGT también valoran positivamente que el Gobierno haya dado un primer paso para abordar el empleo en el sector público al aumentar las tasas de reposición, aunque el sindicato mantiene su reivindicación de eliminarlas y de elaborar un «plan integral» de recursos humanos que vaya más allá de fijar una tasa anual de reposición.