Un 86% de los fondos del Plan europeo de Reconstrucción servirán para nutrir la investigación de empresas privadas. La premura en ejecutar los fondos y una lentitud asfixiante, agravada por la falta de personal, impiden que la investigación pública se beneficie del maná europeo, según asegura un informe de Comisiones Obreras (CCOO) presentado hoy en el Congreso, que pide la retirada del anteproyecto de ley de la Ciencia, y la redacción de un nuevo borrador.

El informe se ha presentado esta mañana en el Congreso en el transcurso de unas jornadas, organizadas por el Grupo Socialista, que, además del sindicato, han contado con la presencia de los portavoces de la comisión de Ciencia, Innovación y Universidades, que acoge a los grupos políticos involucrados en los cambios necesarios en el ecosistema científico e innovador español.

Una subcomisión del Congreso se ocupa desde hace semanas de recibir a personalidades del mundo científico, y escuchar sus ideas sobre los cambios que se preparan en la Ley de la Ciencia.

Un contexto en el que la llegada de fondos procedentes de Europa se concibe como una oportunidad para que España dé un salto, y engrose el grupo de países punteros en investigación.

Sin embargo, el informe de Comisiones Obreras (CCOO) desvela un panorama muy sombrío. Un mundo esclerotizado por la burocracia y donde la falta de financiación paraliza durante meses proyectos en marcha.

Además, el documento alerta sobre posibles problemas que la gestión del Plan de Recuperación frente a la Covid puede provocar.

El 86% de los fondos nutrirán la investigación privada

El aterrizaje de la millonada prevista se ha convertido en un problema en un ámbito como el Estado, poco ágil de por sí; y lleno de trabas a la hora de gestionar los procesos de investigación. En este sector la falta de personal técnico y de gestión es “acuciante”, asegura el informe. Hasta el punto de mantener meses y meses en el dique seco a equipos enteros de investigación, a la espera de que resuelvan convocatorias.

Por ello, el Gobierno ha decidido canalizar la mayor parte de la inversión hacia el sector privado, afirman. Solo así podrá manejar los 140.000 millones de euros prometidos desde Europa; la mitad ya este año, en 2022 y 2023, a fondo perdido además; y el resto en créditos blandos, que deben ejecutarse antes de 2026.

El sindicato cifra en un 86% el porcentaje de fondos europeos que terminarán en manos de empresas privadas, “mientras el sector público sigue disminuyendo su aportación”, sostienen.

Una inyección millonaria que impulsará hasta el 0,64% del PIB el gasto español en I+D+i, desde su escaso 0,25% actual. Pero que plantea el problema de la estabilidad de la financiación, una vez que se acaben los fondos.

El CSIC pierde 5.500 efectivos

El informe repasa la situación de los organismos públicos de investigación (OPI) en los últimos años. Y concluye que este plantel de entes, donde destaca no solo su buque insignia, el CSIC, sino también el CDTI, el Ciemat, el Inia o el Igme, ha perdido en conjunto más de 6.000 efectivos en la última década; casi un cuarto de su plantilla.

La precariedad de las plantillas, especialmente la de técnicos, y los vaivenes de financiación convierten la de investigador en una tarea titánica en nuestro país; especialmente para las mujeres, según el informe.

Todos los organismos, salvo el CIEMAT —Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas— , han perdido plantilla en los últimos diez años. Solo en el CSIC —Centro de Investigaciones Científicas— la pérdida de efectivos supera los 5.5000 desde 2010. En el INIA —Instituto Nacional de Tecnología Agraria y Alimentaria—, el 20%. En el IGME — Instituto Geológico y Minero de España; que avisó de la erupción volcánica en la isla de La Palma —, el 28%.

El Gobierno promete aumentar la plantilla, reponiendo más personal del que se pierda, ya en las ofertas de empleo público este 2021. Además, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 sumarán más inversión, usando los fondos europeos; en caso de que lleguen a ser aprobados, según avanzó hoy en el Congreso el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago.

Pero lo cierto es que la falta de financiación estable es un endemismo de la ciencia en España. Y se requiere un profundo cambio, que dote por un lado de recursos al sector; estabilice sus plantillas, aproveche sinergias con el ámbito privado; y movilice la escasa inversión de este último.

El informe repasa además la situación prespuestaria de los principales organismos, asuntos como la desigualdad entre hombres y mujeres en la carrera científica. Y los resultados de la integración del CSIC con otros organismos, como el Inia, el Igme y el IEO (Instituto Español de Oceanografía).

Una integración no exenta de polémica y que ha añadido “complicación” al organismo donde ahora trabajan unos 12.250 efectivos.

Finalmente el sindicato reclama la retirada del anteproyecto de ley de la Ciencia, llamado a modificar la ley de 2011. Pide negociar un nuevo texto que incluya un listado de peticiones capaces de armar una respuesta efectiva a retos como el cambio climático, el desarrollo de infraestructuras limpias, alimentos resistentes, y a la transformación digital e igualdad.