Los gobiernos nos tienen acostumbrados a no enfrentar de cara los problemas. Por conocidos y estudiados que estén, los ejecutivos no atacan a los orígenes de las disfunciones sociales y económicas, sino que optan por la lateralidad, por buscar vulnerabilidades por las que colar sus medidas, siempre parciales, siempre timoratas, siempre descomprometidas y siempre con un a salida de emergencia que les ayude a culpar a otros de lo que no hicieron y debieron hacer o de lo que hicieron y no debieron hacer.

Esta vez me refiero a la llamada, de momento, Ley de Vivienda con la que la parte del Gobierno que gira como socialdemócrata sucumbe a la otra parte del Gobierno que representa el más rancio marxismo. Una ley que va directamente contra la línea de flotación de la inversión nacional e internacional, como lo hizo anteriormente la incautación de los beneficios de las compañías eléctricas.

Ya dije hace unos días aquí que el secuestro de los beneficios empresariales obtenidos en plena legalidad era una salida de pata de banco para no afrontar las consecuencias de la errática política energética de varios gobiernos seguidos. Pasa lo mismo con la nueva norma pactada por PSOE y UP sobre vivienda, que ignora que la escasez de vivienda tiene su origen en la política de todas las administraciones concernidas, que abundan en la escasez artificial de suelo que ellas mismas provocan, en un país en el que la densidad de población no llega a 93 habitantes por kilómetro cuadrado. También en este caso se entra directamente a manejar los recursos de las empresas y a decidir por ellas a qué precios ofertan su mercancía.

La solución lateral del Gobierno es un repertorio de arbitrariedades relacionadas con los precios del alquiler pasados y con la evolución de las rentas medias en una zona que puede ser de la dimensión de un barrio (pero nada se avanza sobre las propias características de la vivienda a alquilar, como si los barrios de hoy fueran uniformes como los del Berlín oriental o los de Moscú de antaño).

Y a este galimatías se añade que la política de vivienda es competencia de las Comunidades Autónomas, con las que el Gobierno tendría que haber intentado, al menos, un simulacro de negociación, puesto que de ellas va a depender la aplicación de la futura ley. Esta falta de consenso hará que en unas comunidades se aplique y en otras no, o no con los mismos criterios.

De estas circunstancias  azarosas se deriva una inseguridad jurídica palmaria, que empieza porque la generalidad de la ley no está garantizada. (Si se me permite ironizar, diría que afortunadamente). Y eso, cuando ocurre en nuestro país, da lugar a lo que ya conocemos como la madre de todas las corrupciones, la política de urbanismo y vivienda donde todas las administraciones  compiten por intervenir, por modificar planes y por recalificar suelos, y son generosamente premiadas.

En relación con la vivienda, acabo de leer en un diario de gran circulación un artículo estupefacíente por el que me entero de que como español llevo padeciendo “décadas de violencia inmobiliaria” y llevo décadas sometido “a una pedagogía perversa, pero exitosa, como es la que despliegan los productos hipotecarios”. Yo, tonto de mi, creyendo que lo que hacía era intentar vivir más amplio, con más luz y con un aire más respirable.