El análisis “El papel de los criptoactivos como moneda de curso legal: el ejemplo de El Salvador”, elaborado por Sergio Gorjón y publicado por el Banco de España, contrasta la adopción del bitcoin como moneda de curso legal por el Gobierno de El Salvador con  la baja inclusión finaciera de la población de ese país.

Y llama la atención sobre el papel central que se ha atribuido a los bancos salvadoreños en el funcionamiento del ecosistema bitcoin «precisamente cuando El Salvador es uno de los países con los índices de inclusión financiera más bajos del mundo».

El país presidido por Nayib Bukele, impulsor de esta iniciativa, es el 15º país por debajo en el Global Findex –que mide la inclusión financiera de los países– del Banco Mundial, una circunstancia que se debe «al escaso nivel de educación financiera de la población, así como a su falta de confianza en las instituciones, en los órganos públicos y, en general, en todo el sector económico y financiero, debido a los altos índices de corrupción percibida».

Es una «incógnita» la capacidad del mercado para desarrollar y satisfacer las necesidades de los usuarios, así como de diseñar productos innovadores alrededor de los criptoactivos.

Además, la población de El Salvador que cuenta con acceso a Internet es alrededor del 50%, mientras que la cuota de mercado de los ‘smartphones’ no alcanza el 40%, de forma que el país se sitúa «a la cola» de los países de Centroamérica en cuanto al nivel de capacitación digital.

«Está por ver en qué medida los programas de asistencia pública que ha diseñado el Gobierno y otras actuaciones dirigidas a acelerar la migración de los usuarios al entorno digital alcanzan o no el éxito esperado», apunta el análisis del Banco de España.

Además, señala la incógnita sobre quién asumirá el riesgo de tipo de cambio derivado de las fluctuaciones del bitcoin en el mercado. Y el Banco de España avisa que, en última instancia, podría ser necesario repercutir un eventual quebranto sobre la ciudadanía «en forma de impuestos».

Sin embargo, el Banco de España destaca el esfuerzo normativo realizado por El Salvador a fin de reducir las preocupaciones sobre el uso del bitcoin para el blanqueo de capitales o la financiación del territorismo, al contemplar aspectos «exhaustivos» y que «en teoría», permiten reforzar las medidas de control frente a estos riesgos. «No obstante, la efectividad de su aplicación está supeditada a la capacidad de la banca para controlar las actuaciones de otros agentes del ecosistema y a la de sus supervisores para revisar (y corregir si es necesario) esos controles, cuestiones ambas sobre las que se ciernen numerosos interrogantes», precisa.

El 7 de septiembre, El Salvador adoptaba el bitcoin como moneda de curso legal, tres meses después de que el país anunciase su intención de convertirse en la primera jurisdicción en llevar a cabo esta iniciativa.

Durante la Conferencia Bitcoin 2021, el presidente Bukele justificó el proyecto al sostener que entrañaría varios beneficios para los ciudadanos y las empresas, como el potencial de reducir «drásticamente» el coste de las remesas, así como la capacidad de fomentar la inclusión financiera y el ahorro «significativo» a las arcas del Estado al «reducir la dependencia del dólar físico, cuyos costes de importación resultaban sustanciales».

El Banco de España señala que el anuncio de Bukele fue acogido «con gran escepticismo tanto fuera de sus fronteras», como organismos internacionales o agencias de rating, «como en el interior del país». En cambio, habría sido celebrada entre la ‘comunidad cripto’ «al considerar que abría un camino por el que otras regiones podrían, potencialmente, acabar decantándose».

El análisis elaborado por el Banco de España afirma que hay varios países que están dando pasos para normalizar o potenciar el papel de los criptoactivos en sus economías. Por ejemplo, Panamá, que busca favorecer un mayor empleo de las ‘blockchains’ en sus sectores público y bancario, con el objetivo de ofrecer mayor seguridad a este tipo de activos y atraer así inversión extranjera. Ucrania ha elaborado un borrador de ley de
activos digitales para normalizar su uso.

La Unión Europea tiene el proyecto de reglamento MiCA (Markets in Crypto Assets) que busca «sentar las bases para el desarrollo ordenado de estos mercados».